La Dirección General de Migración (DGM) dijo en el día de ayer que el pago de la tasa en el Banco de Reservas para obtener el Certificado de Permiso de Salida del país para menores deberá realizarse a nombre de uno de los padres o tutor del menor. La institución explicó en una nota que uno de los padres o tutor debe fungir legalmente como solicitante del servicio. Según la dirección general de migración esta disposición no conlleva aumento del pago de la tasa, ni documentos adicionales para acogerse al proceso a la hora de solicitar el servicio. La entidad informó también, que esta medida será efectiva a partir del próximo 01 de junio del 2023, con el propósito de dar tiempo a la ciudadanía a que se entere de la nueva medida, que busca brindar un servicio de calidad, más oportuno y eficaz.
Sobre el robo de tabletas La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santo Domingo Oeste impuso tres meses de prisión preventiva, como medida de coerción, a un empleado del Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (Inaipi) acusado de robar más de 250 tabletas de la marca Samsung, propiedad de dicha institución. La información fue confirmada por la Procuraduría General de la República. Según el informe que dio a conocer la entidad ayer en la tarde, el condenado fue identificado como Johanny Mesa Santana, quien deberá cumplir la pena en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres, en la provincia de San Cristóbal.
Sobre el fentanilo El Consejo Nacional de Drogas (CND) negó que en las calles del país se venda Fentanilo para uso ilegal, a pesar de las muchas denuncias que se han realizado en los medios de comunicación. De acuerdo con las informaciones oficiales emitidas por la institución no se ha confirmado la presencia de Fentanilo en las calles de nuestro país para uso ilegal. Según el consejo nacional de drogas, el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) ha informado que solo en el 2017 y 2019 fueron identificados casos de Fentanilo en su laboratorio. No obstante, ellos dicen que están a la espera de más muestras para realizar un análisis más exhaustivos. El CND notificó que la Dirección Nacional del Control de Drogas (DNCD) ha llevado a cabo diversas acciones contra el tráfico de drogas en respuesta a esas denuncias. Pero, hasta el momento, no se ha decomisado Fentanilo durante el período de esta gestión.
Más irregularidades sobre la autoría a la Opret La Cámara de Cuentas dijo en la auditoría que le realizó a la gestión de Diandino Peña en la Oficina Presidencial para el Reordenamiento del Transporte (Opret) que un funcionario de esa entidad fungió al mismo tiempo como intermediario para los contratos de los seguros para las obras del Metro de Santo Domingo. La Cámara de Cuentas dijo en su informe que en la revisión a los 204 contratos de obras para las constructoras del Metro de Santo Domingo, descubrió que las pólizas de seguro presentadas por las constructoras tienen como intermediario entre las compañías aseguradoras y la Opret a Richard Enrique Sánchez Castillo, que se desempeñaba como auxiliar administrativo del Departamento Legal de la Opret, lo cual, según el informe de la investigación, generó conflictos de intereses en perjuicio del Estado dominicano. Los investigadores de la Cámara también confirmaron que los contratos otorgados por la Opret a las empresas suplidoras durante el período de 2006 hasta el 2017 fueron notarizado por la Licenciada Beatriz Santaella Pichardo, que al mismo tiempo se desempeñaba como Subconsultora Jurídica del Ministerio de Obras Públicas, que es la fuente de recursos financieros de la Opret. Todo esto a pesar de que Ley 105-13 es clara sobre este tema y establece que: “Los funcionarios públicos no podrán percibir ninguna remuneración con cargo del Estado, distinta a la propia de su puesto de trabajo y tampoco podrán ejercer otras funciones que conlleven el pago de prestaciones o remuneraciones provenientes de otras fuentes.
El Obispo de la Diócesis de Baní, Víctor Masalles, dijo que esta preocupado por la extracción de arena que a pesar de las muchas denuncias persiste en las Dunas, el dijo que el problema radica en la falta de gerencia, ya que al país le han tocado “patéticos” ministros de Medio Ambiente. El obispo dijo que hay una “mafia” que integra a personas que se creen dueñas de ese lugar y la arena es llevada a las ferreterías y otros lugares específicos. Dijo que en otros países estos puestos son ocupados por personas especializadas en el área, sin embargo, aquí en República Dominicana un funcionario puede tener diferentes posiciones porque son “puestos políticos”. El dijo y cito: “Señor presidente: coloque personas allí que de verdad le duela porque Miguel Ceara Hatton es buen economista, pero como ecologista no sabe de eso”, expresó haciendo un llamado al mandatario sobre la crisis.
Cifras muy alarmantes De acuerdo con un informe de la Dirección de Orientación y Psicología del Ministerio de Educación, se registraron al menos 20,120 conflictos violentos entre estudiantes y 1,724 enfrentamientos entre alumnos y docentes desde septiembre de 2022 (inicio del año escolar vigente) hasta el pasado mes de abril. El informe establece también que ocurrieron 297 hechos violentos entre los alumnos y personal de apoyo y/o administrativo; mientras que entre profesores y familiares de estudiantes sucedieron 322 conflictos. Pero lo mas alarmante sobre esto es que el Ministerio de Educación en lo que va del año escolar, tiene registro de al menos 1,154 estudiantes embarazadas de las cuales 112 han sido víctimas de violación. Otras 28 adolescentes embarazadas han sido fruto de incestos. Además, hay 3,414 alumnos que están en uniones tempranas, 3,105 son madres y 1,158 padres. La institución dio a conocer estas informaciones por medio de una nota de prensa en donde dicen tambien que 269 estudiantes han sido víctimas de acoso sexual.
Y ya que hablamos de educación Cuando entre en vigencia el próximo año escolar, el Código de Ética elaborado por el Ministerio de Educación, la relación de los docentes y el personal administrativo con los estudiantes deberá ser estrictamente académica y de servicio formativo, este código prohíbe toda relación que tenga una naturaleza distinta al desarrollo integral de los alumnos. Igualmente, dice que el uso de las redes sociales y de toda herramienta tecnológica con una finalidad diferente a la formación académica estará prohibida para el docente y personal administrativo en su interacción con los estudiantes.
Según el ministerio de educación, ningún docente o personal administrativo puede relacionarse con los escolares en horario de recreo para tratar temas personales, salvo que se requiera alguna intervención o acompañamiento concreto, en beneficio de la salud integral del educando.
La jueza del Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional dictó ayer auto de apertura al juicio de fondo al vicealmirante Félix Alburquerque Comprés, acusado de quitarle la vida al comunicador Manuel Taveras Duncan, con un arma de fuego. La magistrada Patricia Padilla, dijo en esta resolucion que lo cometido por el expresidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), contra el comunicador, fue un homicidio voluntario y no un asesinato como establecía la acusación formal del Ministerio Público. La defensa de los familiares de la víctima, dijo que demostrará que Alburquerque Comprés actuó por su instinto de asesino para quitarle la vida al comunicador. Pero otro tema que salió a relucir ayer es que el arma de fuego con la cual supuestamente el vicealmirante retirado, Félix Alburquerque Comprés, le disparó al comunicador Manuel Taveras Duncan no aparece, esta información fue confirmada por Domingo Ramírez, abogado de la familia del comunicador, quien, además dijo que como el arma con la cual se cometió el hecho no se encuentra, lo más probable es que se trate de una pistola ilegal.
Miembros de la Policía Nacional y de la Dirección Central de Investigación (DICRIM) apresaron en Dajabón a José Enrique Tapia, de 44 años, quién eludió una medida de coerción de presentación periódica impuesta en Santo Domingo el 20 de febrero del 2006, acusado de cometer un atraco. El detenido, quien evadió la justicia por 17 años, al ser interrogado por el DICRIM dijo que fue sometido por atraco en el sector La Fe, de la ciudad capital, y lo pusieron a firmar, pero que nunca se presentó a cumplir con la medida de coerción impuesta. El apresado José Tapía fue enviado a la ciudad de Santo Domingo para ser puesto a disposición de la justicia y que responda por sus actuaciones. El apresamiento se llevó a cabo por el patrullaje que realizan los policías en la provincia de Dajabón, bajo el mando del Coronel Urbae Félix, y el subcomandante Teniente Coronel Morales Peralta.
Pasa de medio millón, la cantidad de dominicanos que tiene impedimentos de salida del territorio nacional y que entre ellos, hay más de 200 ex funcionarios gubernamentales y altos oficiales retirados de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, vinculados en actos de corrupción en los últimos años, como el Anti pulpo, Coral, Medusa y Calamar. Los informes del Aeropuerto de Las Américas dicen que también hay más de trece mil extranjeros residentes en República Dominicana que no pueden salir del país, porque tienen asuntos judiciales pendientes en distintas jurisdicciones penales. La mayoría de los vinculados ocuparon puestos de jerarquía en los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) que encabezaron Leonel Fernández Reyna y Danilo Medina Sánchez, respectivamente. También hay del presente gobierno, que encabeza Luis Abinader. En los listados de personas impedidas de salir del país, también figuran ex diplomáticos, exdirectores de Migración, pasados síndicos, regidores, miembros de las Fuerzas Armadas activos y en retiro, banqueros, empresarios de distintas ramas, entre otros renglones. Muchos de ellos son vinculados en quiebra de negocios, fraudes estatales, crímenes, tráfico de drogas en algunos casos, violaciones, tráfico de armas de fuego, entre otros delitos penalizados por la justicia dominicana.
La senadora Faride Raful (PRM- Distrito Nacional) dijo este martes que el tranque que se vive a lo interno de la Cámara de Cuentas busca seguir “revistiendo” de impunidad a la administración pública y responsabilizó al Partido de la Liberación Dominicana (PLD) de la situación en el órgano fiscalizador. Faride dijo que en la República Dominicana en los últimos años se ha visto “como un partido pudo manejar toda la institucionalidad porque duró 20 años en el poder” y estoy citando lo que dijo la senadora: “Estamos hablando de 20 años de administración y de concentración de poderes entre el PLD y lo que ahora es la Fuerza del Pueblo, de personas que están ahí, que han estado en el Estado y que son los que han salido más beneficiados de todos los procesos que han administrado de las direcciones y de los ministerios” A juicio de Faride, para que la Cámara de Cuentas pueda seguir funcionando debe haber una intervención del Congreso Nacional.
Tras casi seis meses de entrar en vigencia la resolución que regula el trabajo doméstico en el país, los empleadores de este sector siguen desmotivados y aún el registro de estas no superan las 300 personas.
De acuerdo a una fuente vinculada al Ministerio de Trabajo ese proceso en los primeros meses no tuvo aceptación, ya sea por resistencia a compromisos o por la cantidad de requisitos que demanda el registro.
No obstante, los sindicalistas dicen que “no pierden la esperanza” de que los más de 200 mil empleados que tiene este sector sean registrados. Ellos esperan que ahora con la plataforma digital de registro de doméstica que permite que ese tipo de empleados entren al sistema de manera más fácil, dijo Rafael Pepe Abreu, presidente de la Confederación Nacional de Unidad Sindical (CNUS).
Un joven de La Romana que había sido reportado como desaparecido fue localizado en la cárcel preventiva de Higüey, donde se encontraba detenido por supuestamente robar un motor. Ronny Altamar Richiez desapareció en diciembre pasado del barrio San Carlos, en esa provincia, donde residía y se mantenía deambulando, sin embargo, una ausencia prolongada hizo que sus familiares notificaran a las autoridades. Después de ese tiempo, los parientes obtuvieron información sobre Altamar Richiez, a través de un ex convicto que, tras su salida de la cárcel preventiva de Higüey se comunicó con el padre del joven para decirle que había dejado allí al joven. Según algunos detalles que circulan en torno a este confuso hecho, Altamar fue detenido en la provincia La Altagracia cuando luego de sustraer una motocicleta, el propietario del motor notó que tenía en frente a una persona con evidentes problemas mentales pero aun así lo entregó a la Policía, le conocieron medida de coerción y lo encarcelaron por tres meses sin realizar una llamada y sin tomar en cuenta que el hombre poseía un papel que confirma que sufre de trastornos mentales. Los familiares del joven han dicho que comenzarán el proceso legal para obtener la libertad de su pariente y enfocarse en la recuperación de su salud mental.
En una auditoría realizada a los fondos de caja chica del Departamento de Servicios Generales de la Junta Central Electoral (JCE), la Cámara de Cuentas de la República (CCRD) detectó la sustracción de recursos por parte de una funcionaria de la institución, quien habría admitido el hecho. Los servicios generales tienen una cantidad de RD$1,000,000.00 (un millón) para Caja Chica, de los cuales fueron sustraídos más de RD$ 333, 000, mediante falsas reposiciones de fondos por parte de la encargada de custodia del dinero. La funcionaria Kenia Janette Guevara Devers, según los investigadores, dijo lo siguiente: “reconozco que esta diferencia la tomé para uso personal, por una situación personal que se me presentó por un monto de RD$333,517.94. Acepto cualquier decisión que tome la institución”. La auditoría sobre el control interno de la Junta Central Electoral, relacionada con el arqueo de los fondos de caja chica, confirmó que durante el periodo fiscalizado se emitieron 58 cheques, de los cuales cinco fueron a parar al bolsillo de la funcionaria.
La Dirección General de Museos invita a todo el público a disfrutar de la celebración de La Noche Larga de Museos, evento que para esta ocasión se extiende por primera vez a tres días, durante el fin de semana del viernes 19, sábado 20 y domingo 21 de mayo 2023. En esta versión La Noche Larga de Museos tendrá como tema «Un museo para todos: inclusión, participación y accesibilidad» El acto de apertura será el jueves 18 de mayo, Dia Internacional de los Museos, con una conferencia impartida por María Batlle, quien es Asesora de Inclusión de la Alcaldía del Distrito Nacional y Presidenta de la Fundación María Batlle en el Auditorio del Museo de Arte Moderno a las 11.00 a. m. El título de la conferencia es «Museos Accesibles». Esta actividad contará con la presencia de Milagros Germán, Ministra de Cultura, Carlos Andújar, Director General de Museos, Viceministros y Directores de Museos.
Sobre la Cámara de Cuentas El senador Milciades Franjul, quien preside la comisión bicameral que trabaja una modificación de la Ley de Cámara de Cuentas, dijo en el dia de ayer que ya están realizando los trabajos de redacción alterna del texto legal, por lo que en los próximos días estará listo el informe. El senador dijo que entre los aspectos nuevos de la iniciativa se contempla dar mayores libertades de actuación a quien resulte presidente del órgano constitucional en la selección de personal, así como en la desvinculación. Franjul dijo que surgieron impases en lo relativo a eliminar el mandato legal que permite al Senado cambiar el bufete directivo, aunque finalmente ellos decidieron mantener la presidencia de la Cámara de Cuentas por el período completo.
La Corte de Apelación del Distrito Nacional varió la prisión preventiva por arresto domiciliario, grillete eléctrico y una garantía económica al exdirector del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur), Juan Carlos Torres Robiou, imputado en la red de corrupción castrense nombrada como Operación Coral 5G. La información fue confirmada por el fiscal Miguel Collado, quien dijo que esta variación de la medida de coerción ocurrió el pasado miércoles 3 de mayo, luego de permanecer más de 18 meses en prisión preventiva. El representante del Ministerio Público no dijo el monto de garantía económica que deberá pagar Torres Robiou. El exdirector del Cestur sigue recluido en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres, en San Cristóbal, hasta que se le ejecute la documentación de rigor para su salida que se espera que sea en las próximas horas. Recordemos que en este proceso el órgano acusador presentó cargos por presuntos hechos de corrupción en los casos Coral y Coral 5G contra 48 personas, 30 de ellas físicas y 18 jurídicas, quienes son procesados por defraudar al Estado dominicano con más de 4,000 millones de pesos. El proceso que se le sigue a los encartados de la operación Coral y Coral 5G fue recesado para este viernes 12 de mayo.