Iniciemos hablando sobre la propaganda política en los medios de comunicación, que de eso, tendremos mucho de ahora en adelante. La Junta Central Electoral (JCE) anunció que elaborará un reglamento que regule la participación igualitaria de los partidos políticos en los medios de comunicación. Según el organismo, esto se encuentra amparado por la ley electoral en su artículo 187 párrafo 1 que le otorga la responsabilidad de regular la distribución de la propaganda electoral tanto en la parte visual como en los medios de comunicación a todos los niveles. Eso incluye la colocación de publicidad gratuita en los medios del Estado a todos los partidos que le fueren aprobadas candidaturas presidenciales. La Junta indica que la ley también le faculta a demandar de los medios de comunicación la identificación de la entidad política o persona que autoriza colocar propaganda que atentara contra la dignidad de los candidatos para fines de amonestación. El inicio de dichos trabajos están agendados para el presente mes de enero según recoge el calendario de actividades administrativas del organismo electoral.
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Sobre la Ley de Fideicomiso El proyecto de Ley de Fideicomiso Público, aprobado en el Senado, y enviado a un estudio de comisión especial de la Cámara de Diputados, ha marcado aún más la división entre partidos políticos y amplios sectores sociales. Algunas figuras políticas, legisladores de la oposición y sociedad civil han mostrado su respaldo mientras que por otro lado, algunos han mostrado su disgusto al grado de calificarlo como un retroceso y otros como un avance.
Además, miembros del Colegio de Abogados, depositaron el dia de ayer
su formal oposición al proyecto de Ley, porque según ellos la pieza pretende legalizar la entrega y el despojo irregular del patrimonio público a favor de empresarios. Según el colegio de abogados la denuncia se hace porque el Gobierno en lugar de recurrir a la Ley de Alianza Público Privada, recurre ilegalmente (según ellos) a los Fideicomisos Públicos, pues le permite total discrecionalidad al momento de la contratación, asignación y manejo del patrimonio y fondos públicos.
La República Dominicana cerró el año 2022 con la inclusión de 23 mil personas con VIH en el régimen subsidiado de SENASA, 14,998 en los programas de protección social y 49, 720 con tratamiento antirretroviral gratuito, según el Consejo Nacional para el VIH y el SIDA. Este año se incorporaron 6,995 personas con VIH a los programas de protección social del gobierno, sumando 14,998 beneficiarios y que el CONAVIHSIDA ha puesto en esos programas sus recursos, conocimientos y capacidades técnicas, como una forma de mejorar la calidad de vida de las personas con VIH.
Hablemos sobre el vertedero de Duquesa Una de las dificultades que se presentarán para poder aplicar la Ley General de Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos, No. 225-20, la cual ordena que en tres años se eliminen los vertederos a cielo abierto y se hagan rellenos sanitarios intermunicipales o plantas de tratamiento, es que la mayoría de las comunidades rechazan que en sus territorios se manejen residuos que se producen en otras localidades. Según Waldys Taveras, quien es experto en asuntos municipales y director de la Mancomunidad del Gran Santo Domingo , esta dificultad no ocurre con el Vertedero de Duquesa, ya que las personas que viven en el entorno están de acuerdo con que las instalaciones del basurero permanezcan en ese lugar. A pesar de que Taveras asegura que Duquesa tiene solución, sugiere que se instale un vertedero en otro lugar para el Gran Santo Domingo. El municipalista dijo que su argumento se basa en que el crecimiento poblacional, vehicular y de viviendas, pudieran congestionar las vías de acceso a este basurero.
Una propuesta busca indultar a enfermos terminales Diversos sectores, incluido el Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, claman por la aprobación en el país de la referida Ley de Indultos que permita evaluar y dar salida a muchos de esos privados de libertad. Un informe de la Oficina Nacional de Defensa Pública, que preside Rodolfo Valentín Santos, “muestra una cantidad de privados de libertad en condiciones de salud muy deplorables”. Algunos de ellos con cáncer en etapa terminal, tuberculosis, VIH, bacterias muy peligrosas que ponen en peligro la salud de quienes padecen esta situación, condiciones de discapacidad física y motora, entre otras más”. Recientemente el Poder Judicial presentó el denominado “Plan de Inclusión de Personas Privadas de Libertad” con el objetivo de “facilitar la libertad en el menor tiempo posible de las personas que hayan cumplido la condena establecida” y que, asimismo, “socializaron sobre la necesidad de humanizar los centros penitenciarios”. En diciembre de 2020, hubo un intento legislativo de regular el indulto presidencial, el cual no se aplica desde el 2012 y que carece de una normativa jurídica. Ante la falta de una Ley, es el presidente de la República quien tiene el poder de ordenarlo mediante un decreto.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, presentó al Comité de Relaciones Exteriores del Senado un documento con 25 nominados para ejercer como embajadores en distintos países, pero una vez más la República Dominicana se quedó fuera del listado a casi dos años de que el mandatario ocupará el puesto presidencial. En estas nuevas nominaciones Biden incluyó representantes del Gobierno estadounidense para países como Perú, Colombia, dentro de la región, y otros en países más lejanos como los Emiratos Árabes Unidos y Nigeria. Incluso Calvin Smyre, que en septiembre de 2021 fue anunciado como embajador en República Dominicana, fue una vez más nominado para ser embajador en Bahamas, ya que la primera vez que fue señalado para cubrir esta posición fue en mayo de 2022 y el Senado cerró su sesión de dos años sin su confirmación. La última embajadora de los Estados Unidos en República Dominicana fue Robin Bernstein, desde entonces Robert Thomas, el encargado de negocios de la Embajada de EEUU en el país, se ha desempeñado como el jefe de la misión diplomática en sustitución del embajador.
Sobre el cólera, el Ministerio de Salud Pública informó que están a la espera de resultados de cuatro casos sospechosos de cólera, todos procedentes del sector La Zurza. Según lo dicho por Gina Estrella del departamento de Gestión de Riesgo, de los cuatro pacientes tres se encuentran en sus hogares, mientras uno, del que desconocen sus datos por ser indigente, se encuentra en el Hospital Félix María Goico.
Recordemos que en el país se confirmó el primer caso de cólera en octubre pasado, correspondiente a una mujer de 32 años de nacionalidad haitiana que había regresado entonces del país vecino y el segundo caso detectado fue el de un niño de esa misma procedencia.
Luego de esto, se han dado cuenta de 10 contagios más, todos en La Zurza, donde las autoridades detectaron la bacteria que causa el cólera después de que la enfermedad reapareciera el primero de octubre pasado en el vecino Haití, donde ha causado la muerte de 283 personas, según las últimas cifras disponibles.
Sobre el próximo lunes feriado El Ministerio de Trabajo reiteró a toda la colectividad empresarial y trabajadora de la República Dominicana, que el viernes 06 de enero, “Día de los Santos Reyes”, se trabaja y se cambia el feriado para el lunes 09 del mes en curso. Los servidores públicos y privados deben reintegrarse a sus labores cotidianas el martes 10 de enero. La celebración de esta fecha de conformidad con lo establecido por la legislación dominicana, deberá ser aplicada en todos los establecimientos del país.
Más de un centenar de migrantes haitianos llegaron el día de ayer al sur de Florida a bordo de un velero, en plena ola migratoria hacia ese estado del sur de Estados Unidos, informaron medios de comunicación locales. La embarcación había salido el viernes desde el noroeste de Haití, según uno de sus pasajeros citado por el diario Miami Herald.
La Patrulla Fronteriza estadounidense confirmó, por su parte, en Twitter la llegada de «un gran número de migrantes» a Cayo Largo, a unos 110 km al sur de Miami, sin precisar su nacionalidad.
La defensa del exprocurador General de la República, Jean Alain Rodríguez busca que el próximo lunes 9 de enero su cliente sea puesto en libertad, tras cumplirse los 18 meses de prisión preventiva que le fueron impuestos a solicitud del Ministerio Público por el caso Medusa.
La información fue ofrecida por el abogado Gustavo Biaggi, quien dijo que no descarta que algunas pruebas contra el exfuncionario sean excluidas de la acusación, por supuestamente haberse borrado del disco duro del Ministerio Público.ntonces que fije audiencia a fin de conocer la solicitud”.
La República Dominicana supera a Estados Unidos, España y a todos los países del Caribe, entre las naciones con mejor índice de libertad electoral, según un estudio publicado por “Fundación para el Avance de la Libertad”. Dominicana subió 24 peldaños, tras colocarse en la posición 16 del ranking que evalúa a 198 países y que tiene en el primer lugar a Finlandia, con una puntuación de 83.68. República Dominicana logró un puntaje de 78.05 y Andorra con un índice de 77.66 puntos, para quedar ubicado en el puesto 20 del ranking.
En Dajabón, han pasado cuatro días de haber sido incendiada una montaña y malezas en la cordillera de esta provincia, brigadas de bomberos forestales y municipales continúan tratando de extinguir las llamas que han destruido cientos de hectáreas en la comunidad el Corozo de Loma de Cabrera y el municipio Partido de esta provincia. En varias ocasiones han dado el siniestro por terminado pero las fuertes brisas producto de las inclemencias del tiempo, motivan el surgimiento de nuevas oleadas de fuego. El incendio provocado por desconocidos inició en horas de la tarde del pasado domingo 1 de enero, donde entrando la noche llegó la primera brigada de bomberos forestales de Dajabón, quienes amanecieron en el lugar, abriendo trochas y apagando con ramos pero la briza y las malezas seca fueron los principales enemigos.
La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) estableció el criterio jurisprudencial que compromete la responsabilidad civil de los prestadores de servicios para practicar un deporte extremo que no hayan tomado las medidas para reducir las eventualidades nefastas que pudieran ocurrir durante las prácticas. El criterio establecido está contenido en la sentencia con fecha 29 de julio de 2022, con relación a una demanda por reparación de daños y perjuicios de un caso de práctica del deporte parasailing o paravelismo, el cual les fue vendido como un servicio o una actividad turística.