Amnistía Internacional en un nuevo informe publicado este jueves que la policía de República Dominicana viola, golpea, humilla e insulta habitualmente a las trabajadoras sexuales para ejercer un control social sobre ellas y para castigarlas por transgredir las normas sociales sobre sexualidad y femineidad aceptables. “¿Si ellos pueden tenerla, por qué uno no?” expone las historias de 46 trabajadoras sexuales cisgénero y transgénero dominicanas, muchas de las cuales denunciaron haber sufrido diversas formas de violencia, gran parte de la cual constituye tortura y otros malos tratos infligidos por motivos de género. La criminalización de las trabajadoras sexuales, combinada con el profundo machismo, alimenta las detenciones arbitrarias a manos de la policía y permite que estas graves violaciones de derechos humanos se cometan impunemente. “La violencia de género es epidémica en todo América Latina y el Caribe, y las trabajadoras sexuales corren especial riesgo de sufrirla a manos de agentes tanto estatales como no estatales”, ha manifestado Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
Dos mujeres de nacionalidad peruana fueron apresadas en el aeropuerto de Punta Cana al ingresar al país con cinco kilos de cocaína en pañales desechables. Las extranjeras fueron detenidas por oficiales de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) con apoyo del Cuerpo Especializado de Seguridad Aeroportuaria y la coordinación del Ministerio Público, según indica el informe de la agencia antinarcóticos. Tras realizar el procedimiento de rigor, las autoridades notaron que las extranjeras, quienes llegaron al país en el mismo vuelo, traían puesto cada una un pañal, que tras ser revisados, tenían en su interior aproximadamente 5.80 kilogramos de la sustancia. La DNCD y el Ministerio Público iniciaron una investigación en relación al presente caso para determinar si se trata de una red de narcotráfico internacional.
Los abogados de Manuel Rivas, acusado por el caso de corrupción en la OMSA, solicitaron hoy al Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional variar la prisión preventiva a su cliente por presentación periódica. De acuerdo a la explicación que dio el abogado Carlos Salcedo, hicieron la solicitud al tribunal debido a que cambiaron los presupuestos y en la acusación presentada por el Ministerio Público el imputado ya no está en la acusación por el asesinato del profesor universitario Yuniol Ramírez, en la que fue sustentada la imposición de la medida cautelar. El tribunal aplazó el conocimiento de la audiencia para el día 9 de abril, para notificar la documentación a los fiscales y demás partes del proceso. A su salida del tribunal, Manuel Rivas manifestó que está tranquilo porque “la situación se está aclarando”. El Ministerio Público no estableció la vinculación de Manuel Rivas con el asesinato de Yuniol Ramírez, pero sí se determinó que cometió los delitos de asociación de malhechores, soborno, crímenes de corrupción, fraude contra el Estado, corrupción en procesos de duplicidad de pagos, al igual que procesos de urgencia, y asociación de malhechores para cometer prevaricación, desfalco y estafa en perjuicio del Estado dominicano.
Una tumba etrusca de casi 24 siglos de antigüedad hallada en la isla francesa de Córcega, con un esqueleto rodeado de vajilla en su interior, arroja luz sobre esta civilización mediterránea. «Data de los años 300 a 350 antes de Jesucristo», según el tipo de cerámica encontrada, unas jarras con adornos, explica Laurent Vidal, responsable de la excavación, durante una visita para la prensa. Los científicos del Instituto Nacional de Investigaciones Arqueológicas Preventivas (Inrap) de Francia encontraron la tumba en un terreno privado de Lamajone, al sur de Aléria, a dos metros de profundidad bajo una necrópolis de la época romana. Los etruscos reinaron en un extenso territorio formado por la Toscana y Lacio (ambas en Italia) hasta el siglo I a. C. y después fueron integrados en la república romana.
El Cuarto Tribunal Colegiado del Distrito Nacional dictó 30 años de prisión en contra de Juan Carlos Zapata Mendoza, alias Kiko 7, acusado de la muerte del joven Eddy Manuel Peña Cabrera, a quien raptó en su lugar de trabajo, ubicado en el sector de Gascue, y luego asesinó en la provincia de San Cristóbal, el 24 de julio de 2017. Zapata Mendoza, quien deberá cumplir la condena en la Penitenciaría Nacional La Victoria, además fue sentenciarlo al pago de una indemnización de 10 millones de pesos a favor de las víctimas y 30 salarios de multas al Estado dominicano. Durante el juicio de fondo las fiscales litigantes Rosa Alba García y Aleika Almonte, aportaron diversas pruebas que demostraron la culpabilidad de Zapata Mendoza en la comisión de los hechos que dieron al traste con la vida de Peña Cabrera.
“Sin una justicia independiente no vamos a tener país nunca”, respondió Modesto Martínez Mejía, juez de la Corte de Apelación de la jurisdicción de Niños, Niñas y Adolescentes del Distrito Nacional, a la diputada Josefa Castillo durante su entrevista como aspirante a integrar la Suprema Corte de Justicia. Modesto Mejía, quien fue enfático en criticar la falta de independencia judicial y las vicisitudes que pasan los magistrados que actúan de manera independiente, dijo al secretario del Consejo Nacional de la Magistratura, Fran Soto, que él conoce lo que le ha pasado por ser un magistrado “rabiosamente independiente”. “Yo soy un juez independiente y por ser como soy usted mismo sabe todas las cosas que han pasado conmigo en el sistema” respondió cuando Soto Sánchez le preguntó qué impide a los jueces ser jueces independientes y transparentes. El senador le cuestionó por la publicación que hizo en un medio de circulación nacional, titulada “Institucionalidad vs cofradía, una respuesta a la Finjus”, en donde criticaba el hecho de que la Fundación Institucionalidad y Justicia anunciara que proponía a Flavio Darío Espinal, consultor jurídico del Poder Judicial, como presidente de la Suprema Corte.
Las organizaciones sindicales que representan a los trabajadores en las discusiones para reformar el Código de Trabajo dominicano anunciaron hoy que se retiran del diálogo debido a la “absurda pretensión de eliminar la cesantía de la ley laboral”. El presidente de la Confederación Nacional de la Unidad Sindical (CNUS), Rafael (Pepe) Abreu, manifestó que las confederaciones sindicales tomaron esta decisión porque “si la cesantía laboral se pierde no se va a recuperar jamás”.Abreu reiteró que el movimiento sindical ha sido enfático en que hay tres temas que no va a ceder, que son el derecho a cesantía, los derechos contractuales de los trabajadores y lo que se refiere a la jornada laboral. Indicó que como los empresarios y el Gobierno están conscientes de que esos aspectos están descartados de la discusión, intentaron introducirlo a través de otro proyecto sometido al Congreso Nacional.
El presidente de la junta de regantes del canal Horacio Vásquez de Montecristi informó que tras las lluvias de hace varios días, se aumentó el suministro de agua a los cosecheros de diferentes rubros en esta zona. José Eugenio de la Rosa declaró que están esperanzados de que las precipitaciones continúen para poder suplir del agua que precisan los cosecheros de banano, arroz y otros rubros de la Línea Noroeste. “Nuestros afiliados están recibiendo agua en un cien por ciento para mojar bananos, arroz y otros rubros agrícolas, lo cual esperamos se mantenga”, puntualizó de la Rosa. Dijo que en meses pasados, miles de tareas de tierra tanto de guineos como de arroz no pudieron ser sembradas por la falta de agua.
La magistrada Miriam Germán Brito, presidenta de la Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia (SC), votó a favor en dos ocasiones del extinto convicto Richard Molina Ovalle para que lo favorecieron en la justicia, según se determinó en la investigación que sobre éste realizaron autoridades de Estados Unidos y República Dominicana. Para comprobar la veracidad de las sentencias, de las que El Nacional tiene copias, se contactó a la vocera de la Procuraduría General de la República, Julieta Tejada, quien confirmó que ciertamente están en el expediente de la investigación de Molina Ovalle y que, incluso, copias de ellas pueden ser obtenidas en la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia y en el portal institucional del Poder Judicial bajo los números 2013-6476 y 2015-715. En las sentencias, marcadas con los números 2015-715 y 2013-6476 se establece que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, presidida por Germán Brito, conoció primero un recurso de casación interpuesto por Molina Ovalle contra una decisión de la Tercera Sala de la Cámara Penal del Distrito Nacional que lo enviaba a juicio de fondo por violación al artículo 309 del Código Penal sobre golpes y heridas en una disputa con un vecino.