El homicidio de un empleado del Ayuntamiento de Santo Domingo Oeste, en la provincia Santo Domingo, que se produjo cuando éste trataba de impedir un asalto en el sector Villa Aura pone sobre el tapete una realidad con la que viven a diario los comunitarios de esa barriada: los atracos.
Los asaltos en Villa Aura, un pequeño sector ubicado en el municipio Santo Domingo Oeste y que está compuesto por viviendas de clase media y varios complejos de apartamentos, son comunes y mantienen atemorizados a sus lugareños. Se registran a cualquier hora del día y normalmente son ejecutados por individuos que se desplazan en motores. Al hablar con comunitarios del sector, se escucha prácticamente el mismo relato. Hombres armados a bordo de un motor encañonan a sus víctimas y les piden que entreguen celulares, carteras (si son mujeres) o cualquier objeto de valor que lleven consigo. Una señora de 78 años relató a Diario Libre que fue asaltada hace poco tiempo cuando estaba junto a una nieta y dos biznietas parada en la calle 21 con avenida Los Beisbolistas. Dijo que estaban esperando un vehículo de transporte público de la ruta 01 cuando fueron abordadas por dos hombres en un motor y les apuntaron con el arma hasta a las niñas de 9 y 4 años de edad, mientras les exigían que les entregaran las carteras. El hecho ocurrió pasadas las 7:00 de la noche.
Familiares de presos preventivos de la celda del Comando Regional Noroeste de la Policía Nacional, con asiento en Mao, Valverde denunciaron que sus parientes se están enfermando con una bacteria desconocida y que incluso en algunos de ellos se han detectado gusanos.
Los denunciantes, quienes pidieron reservas de sus nombres por temor a represalias, dijeron que los reclusos presentan erupciones en la piel, sarpullido y problemas gastrointestinales. Los denunciantes dijeron que tras detectarse la bacteria entre los presidiarios, varios fueron trasladados al cuartel policial de Pueblo Nuevo, de esta localidad, donde también las enfermedades han contagiado a otros reos. «Esa celda fue construida para albergar a 20 personas y actualmente tiene unas 50, a quienes los obligan a estar en calzoncillos y no hay higiene», expresaron los denunciantes. De los presidiarios hubo que internar dos en el hospital público Luis L. Bogaert, informaron.
Las autoridades policiales locales ni las de Salud Pública de esta provincia han ofrecido un informe oficial sobre esta situación.
El magistrado Francisco Ortega Polanco no ha cambiado, por el momento, la fecha para el conocimiento del caso Odebrecht, luego de que ayer fuera confirmado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) como juez de la instrucción especial para la ventilación del juicio preliminar a los imputados.
Hasta el momento, se mantiene invariable el 6 de julio como fecha para el conocimiento del juicio preliminar, en virtud de que el juez Ortega Polanco no había tomado hasta este mediodía ninguna decisión al respecto. Dicho magistrado fue ratificado en el caso luego de que el Pleno de la suprema rechazara los recursos de recusación que en su contra incoaron los imputados Andrés Bautista, Conrado Pittaluga y Ángel Rondón.
La decisión del Pleno no se ha dado a conocer oficialmente, por lo que se desconoce las motivaciones que tuvieron los jueces para ratificar a Ortega Polanco en el conocimiento del caso. Se desconoce, además, cuáles fueron las motivaciones del juez que emitió un voto disidente y del que se abstuvo de votar.
El aumento de la producción de agua potable por parte de la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santiago (Coraasan), no logra reducir la precariedad que padecen en diferentes comunidades.
La producción de agua potable es de 116 millones de galones por día, es decir dos millones más que hace tres años, cuando apenas era de 114 millones, con déficit de diez millones de galones. Mientras que el embalse Tavera-Bao se mantiene en el nivel de 321 metros sobre el nivel del mar. En las comunidades La Jagua y Palo Amarillo, pertenecientes al municipio de Baitoa en la provincia de Santiago, sus residentes llevan un mes sin recibir el líquido. Cansados de las promesas de mejoría del servicio de agua potable, en la comunidad La Jagua decidieron colocar barricadas e impedir el paso de camiones. Los manifestantes, en su mayoría mujeres, dijeron que para obtener el agua deben pagar 50 pesos para llenar una barrica. “Estas comunidades se cansaron de tanto esperar, sin que nos den respuesta por parte de la Coraasan”, apuntó Claribel Perelló, residente en la zona. Las quejas por los problemas de agua potable se extienden en toda la provincia y en algunos casos, como el barrio Los Santos, en la parte Norte del municipio, dicen llevan más de un mes sin el servicio.