La Policía Nacional ha dejado de ofrecer los reportes preliminares de los operativos de patrullaje que realiza junto a miembros de las Fuerzas Armadas.
Los ciudadanos consideraron que el plan, en el que participan más de 10,000 miembros de la Policía y las Fuerzas Armadas, se nota menos que en los primeros días y temen corra la suerte de otras iniciativas que se han implementado en el pasado. Dicen que a pesar de que el patrullaje comenzó hace más de una semana, aún no llega al interior de los barrios, donde dicen, que tienen mayor incidencia los robos y asaltos a personas y establecimientos.
El hospital Francisco Moscoso Puello estará nueva vez recargado de pacientes, con el traslado de los servicios del bloque quirúrgico, incluyendo anestesiólogos, y la Unidad de Cuidados Intensivos del hospital de la Ciudad Colonial, Padre Billini, en el cual cerrarán algunas áreas por problemas en su infraestructura.
Al hospital llegarán los pacientes que están en estado crítico y los que tienen procedimientos quirúrgicos pendientes, así como el personal de enfermería, médicos especialistas y los residentes de esas especialidades. El Francisco Moscoso Puello atiende un promedio diario de 1, 600 pacientes en consultas y entre 350 y 400 en emergencia. Mientras tanto, en el Padre Billini se ven por día alrededor de 327 personas en consultas y 98 en emergencia.
La mayoría de los concejales del municipio de Puerto Plata no están asistiendo a las sesiones. Lo que contribuye a que el problema de la basura de esta ciudad quede estancado y no se ve su solución para los próximos meses.
Esa situación se ha producido luego de que un juez de instrucción del distrito judicial local emitiera una orden suspendiendo los poderes que los concejales habían otorgado al alcalde Walter Musa para que contratara una empresa privada que se encargaría de recoger los desechos sólidos y su disposición final. Varios regidores han emitido opiniones criticando a sus colegas por la actitud de no acudir a las sesiones para ventilar este problema y otros de la municipalidad. Domingo Artiles entiende que sus colegas de la Sala Capitular están faltando a su deber y responsabilidades, ya que fueron electos por los ciudadanos para trabajar en favor de sus principales necesidades.
Diputados del Partido Revolucionario Moderno (PRM) solicitaron al pleno de la Cámara de Diputados conformar una comisión especial para investigar las contrataciones públicas hechas por el Ministerio Administrativo de la Presidencia (MAP) y por la Dirección General de Comunicación (Dicom) a empresas de Joao Santana y su esposa Mónica Moura https://www.youtube.com/watch?v=vUnjABvDgCQ
Faride Raful, Frank Paulino y Robinson Díaz pidieron al pleno indagar sobre las contrataciones de más de RD$ 1,400,000.00 a favor de la empresa Cine &Art2013 y Polis Caribe, perteneciente a los expublicistas. “Tenemos que determinar: ¿por qué esas obligaciones económicas contraídas por el Estado (nuestro dinero), tal y como consta en certificación de Contraloría, a favor del principal asesor del Presidente Medina?”, dijo la diputada por el Distrito Nacional a través de su cuenta de Twitter @Farideraful. Raful indicó que hicieron la solicitud pese a la opinión de algunos diputados de la bancada oficialista. “Y lo hacemos, contrario a la opinión de colegas de la bancada oficial, en pleno uso y facultad constitucional. Ante el organismo que debe fungir como control del Poder Ejecutivo y NO como sello gomígrafo. Consciente absoluta de nuestro rol”, posteó.
Como era de esperarse, dado el precedente de las otras dos recusaciones, el pleno de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) rechazó a el pedimento de Andrés Bautista García para que sea otro juez, y no Francisco Ortega, quien conozca en audiencia preliminar la acusación del procurador general contra siete imputados en el caso Odebrecht.
Bautista García objetó por segunda ocasión al juez Ortega como juez de la Instrucción Especial, bajo el argumento de que era “el juez favorito” del Ministerio Público, según se desprendía de declaraciones públicas dadas por la procuradora anticorrupción, Laura Guerrero Pelletier. Fue debido a esa nueva recusación que el magistrado Ortega se vio precisado a recesar, sin fecha, la audiencia que había convocado el 6 de julio en curso.
De los siete encartados en la acusación por los US$92 millones pagados en sobornos por Odebrecht, además de Bautista García han objetado la designación de Ortega para conocer el caso, Conrado Pittaluga Arzeno y Víctor Díaz Rúa.
Moradores del sector Los Tres Brazos reclaman al presidente Danilo Medina la validación de los títulos pertenecientes a los terrenos que fueron adquiridos por ellos y que resultaron afectados por el Decreto 392 -16 del 28 de diciembre de 2016.
El decreto establece la suspensión de todo acto de venta y reventa de los inmuebles del sector. También, ordena detener todo proceso de desalojo contra los actuales ocupantes de dicho terreno. Los propietarios de los inmuebles correspondientes a las parcelas 153-A-1, 153-A-2 y 155 del Distrito Catastral número 15, del municipio Santo Domingo Este, establecieron que tienen los recibos de pago que los certifican como dueños de los terrenos en donde han edificado sus viviendas y negocios, que han ayudado a crecer la comunidad. Asimismo, dijeron que los títulos fueron expedidos por el Registrador de Títulos de la provincia Santo Domingo, pero que por el decreto citado están impedidos de disponer de sus propiedades, pues el Registrador de Títulos y la Dirección General de Impuestos Internos se niegan a dar curso a los expedientes de transferencia.