Oiga bien: a pocos días de cumplirse tres meses del cierre de la Feria Internacional del Libro Santo Domingo 2018 las estructuras de los pabellones y stands en que se ofertaron libros y se realizaron actividades, continúan levantadas en la Plaza de la Cultura. La razón: las compañías contratadas para esta labor no han recibido un solo centavo por parte del Ministerio de Cultura. “Nosotros estamos tranquilos porque yo sé que ellos han tratado de hacer todo lo posible, pero le devuelven siempre los contratos y están metidos ahora en una vorágine burocrática, ya tenemos cuatro meses en eso”, expresó Héctor Mejía, gerente general de Famesa Ingenieros SRL. Mejía, que aseguró tiene doce años prestando este tipo de servicios al Ministerio de Cultura, afirmó que “es la primera vez en mi vida que en ese ministerio pasa eso” y atribuye la situación a cambios realizados en los departamentos de Finanzas y Compras de esta instancia estatal, meses antes de la convocatoria de comparación de precios para elegir a las empresas que construirían los pabellones y stands. Sostiene que tanto él como los demás contratistas hicieron los trabajos sin recibir desembolsos, asumiendo el compromiso, y para ello “buscamos prestados, explotamos las tarjetas, acogimos líneas de crédito para hacer el trabajo”, pero el retraso de hasta el pago del anticipo contratado, de un 20%, le ha afectado.
Esta cifra preocupa: y es que el 88% de los estudiantes dominicanos de catorce años, matriculados en octavo grado (actualmente segundo de básica secundaria), tiene un conocimiento y comprensión inferior al deseado sobre las instituciones, la democracia, ciudadanía e institucionalidad. Esto quedó evidenciado en el Estudio Internacional de Educación Cívica y Ciudadana (ICCS), elaborado en el 2016 por la Asociación Internacional para la Evaluación del Logro Educativo (IEA) en el que participaron 16 países europeos, tres asiáticos y cinco latinoamericanos, de los cuales, la República Dominicana obtuvo el nivel de desempeño más bajo. Sólo el 1.2% se ubica en el nivel A de conocimiento; un 11% en el nivel B; 30% en el nivel C; 38.7% en el nivel D y el 19% restante por debajo del nivel medido en la prueba internacional que mide el conocimiento, análisis y razonamiento cívico y ciudadano. El objetivo central del estudio en el que participaron 25 países es analizar qué tan preparados están los estudiantes para ejercer sus roles como ciudadanos adultos, partiendo de temas relacionados con el Gobierno, la convivencia pacífica y la diversidad.
No una ni dos: la solicitud de medidas de coerción de la Procuraduría Especializada de Persecución de Corrupción Administrativa (Pepca) contra los once vinculados en la venta irregular de terrenos de Los Tres Brazos en Santo Domingo Este, está sustentada en unas 369 pruebas. El juez de la Oficina de Atención Permanente del Distrito, José Alejandro Vargas, que estaba conociendo hoy a las 10:00 a. m. las medidas donde se pide un año de prisión a los acusados de asociación malhechores, prevaricación, corrupción administrativa, falsedad, defraudación y otros delitos. Además, solicitan declarar complejo el caso, ya que en el mismo participaron más de 10 empresas, algunas están siendo investigadas. La solicitud de 308 páginas, sustentada con 20 pruebas testimoniales y 349 documentales contra el exdirector de la Corporación Dominicana de Empresas Estatales Leoncio Almánzar, el exconsultor jurídico Luis José Cruz Crespo, exgerente Inmobiliario Manuel Aybar Fernando y la exregistradora de Títulos del Distrito Nacional y actual Directora Nacional de Registro de Títulos. Rosabel Castillo Rolffot.
A propósito del tema: el exdirector de la Corporación Dominicana de Empresas Estatales (CORDE), Leoncio Almánzar Objío, vendió una de las parcelas del sector Los Tres Brazos, sin haberse producido aún la aprobación de la Junta Directiva, RD$81.03 por debajo del monto por el cual lo había adquirido en el año 1995. Según lo que establece la Procuraduría General de la República en la solicitud de medida de coerción, el 25 de febrero del 2010, Almánzar Objío suscribió en representación de Fábrica Dominicana de Cemento y el CORDE, un contrato de venta con Inversiones Fernández Parache & Asociados (Infepa) con el también imputado Domingo Geraldo Lebrón de la parcela 153-A-1, distrito catastral No.15 del Distrito Nacional por RD$4,000,000.
El Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional continuará este lunes el conocimiento de la audiencia preliminar del caso de los presuntos sobornos para la adquisición de aviones Super Tucano para el combate del narcotráfico en el país. Las ocho aeronaves en cuestión fueron adquiridas de la empresa brasileña Embraer, valoradas en U$3.5 millones. La audiencia preliminar del caso vincula al exsecretario de las Fuerzas Armadas, general Pedro Rafael Peña Antonio; el suspendido coronel de la Fuerza Aérea de la República Dominicana Carlos Piccini Núñez, los empresarios Daniel Aquino Hernández, Daniel Aquino Méndez, Ysrael Abreu Rosario y el notario Félix del Orbe Berroa.
El presidente de la Cámara de Diputados, Rubén Maldonado, dijo que la convocatoria que hiciera Radhamés González a la comisión que estudia el proyecto de ley de partidos no tiene validez porque violenta los reglamentos internos.
Maldonado señaló que esa convocatoria es un golpe de Estado a la comisión que tiene a su cargo el proyecto. “Y para su conocimiento, déjenme decirles que esa comisión ha tenido 18 reuniones ordinarias y a parte de esas convocatorias, ha tenido 9 posposiciones”. Recordó a sus compañeros que trabaja para que se aprueben proyectos de nación, y aseguró que desde el Congreso trabajará para lograr una ley de partidos.
Maldonado afirmó que no lo van a doblegar con esa actitud sus compañeros de curul.
El Procurador General de la República defendió hoy la transparencia con la que se realiza el concurso para la sustitución de los fiscales y procuradores especializados y de cortes.
“Esta es la primera vez que se realiza un concurso cumpliendo con todo lo que establece la Ley. Por ejemplo la especializadas nunca habían sido concursadas y esto se ha hecho porque somos gente queremos hacer cumplir la Ley”, dijo Jean Rodríguez. Al mismo tiempo, el máximo representante del Ministerio Público negó que miembros del Consejo Ministerio Público que participan en concurso elaboraran las preguntas. “Eso es completamente falso, eso es un examen preparado por la escuela y no tuvo acceso ningún miembro del consejo porque así también mantenemos la objetividad”, destacó Rodríguez. El funcionario hace estas declaraciones luego que algunas personas de los diferentes sectores denunciaran que los fiscales y procuradores ya han sido seleccionados.
La Confederación Nacional de Trabajadores Dominicanos (CNTD) deploró este lunes que a 17 años del inicio del Régimen Contributivo Subsidiado de la Seguridad social, esté desprotegido el 56 por ciento de los trabajadores informales dominicanos.
Jacobo Ramos, presidente de la CNTD, pidió al Consejo de la Seguridad Social, poner en vigencia ese régimen para proteger el sector informal de la economía, “pues de no hacerlo es perpetuar las deplorables condiciones de vida en que viven millones de dominicanos”. “Los argumentos del Gobierno es que para este caso no hay recursos, y entendemos que lo que hace falta es iniciativa, buscar fórmulas creativas”, precisó. El sindicalista señaló que esto demuestra la urgencia de modificar la ley 87-01 sobre seguridad social, que indicó se ha quedado rezagada con los cambios experimentados en el sistema de salud, no solo en el país sino en otros países, en los que sus trabajadores están como aquí, desamparados”.
Los abogados que representan la defensa de Marlon y Marlin Martínez por el caso del asesinato de Emely Peguero, apelaron el inicio del juicio de fondo, programado para el 29 de agosto.
La jurista Ingrid Hidalgo, quien representa a Marlin Martínez, apeló el pasado 26 de julio, la decisión de iniciar el juicio de fondo, mientras que el abogado Ricardo Reyna, interpuso un recurso de apelación el día 27. Dicho recurso debe ser conocido antes de la fecha fijada para el inicio del juicio de fondo. La apertura a juicio será conocido por el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Judicial Duarte, representado por las magistradas Arelis Camacho, Ana María Gómez y María de los Ángeles Concepción, ésta última quien preside el mismo.
Los trabajadores de la caña exigieron hoy al presidente Danilo Medina un tercer decreto de pensión y la residencia permanente durante una protesta pacífica frente al Palacio Nacional.
La Unión de Trabajadores Cañeros de los Bateyes se apostaron desde tempranas horas de la mañana con pancartas y consignas en reclamo de varias reivindicaciones. Jesús Núñez, quien habló en representación de los cañeros, expresó que cuando un cañero muere el Estado es quien se beneficia de ello. Dijo que a los cañeros hay que pagarles sus pensiones con los documentos que tienen porque lo han trabajado, ya que la Dirección General de Pensiones les exige una cédula para pagarles. Además, manifestó que los trabajadores de la caña han logrado 462 cotizaciones y para la pensión sólo de necesitan 400. Los cañeros están a la espera que ese decreto se emita para el próximo 16 de agosto y que en caso de la respuesta que obtengan hoy sea negativa realizarían una marcha el próximo lunes.
El Parlamento francés adoptó este lunes de forma definitiva la prohibición de los teléfonos celulares en los centros de educación primaria y secundaria, una promesa de campaña del presidente Emmanuel Macron.
Los diputados de la mayoría presidencial y del centro votaron a favor de este texto durante su votación definitiva en la Asamblea Nacional, la cámara baja del Parlamento, mientras que la derecha y la izquierda se abstuvieron, criticando una “operación de comunicación” que “no va a cambiar nada”. Este proyecto de ley prohíbe el uso de todo aparato conectado (móviles, tabletas, relojes) en las escuelas y colegios, es decir los centros de educación secundaria que por lo general acogen a niños de hasta 15 años.
Habrá excepciones “para el uso pedagógico”, así como para los niños con discapacidad, se anunció. En lo que concierne a los cursos superiores (entre 15 y 18 años), cada instituto podrá decidir si adopta o no la medida, y si lo hace de forma parcial o total.
Las centrales sindicales rechazaron este lunes que los 531 mil millones de pesos acumulados en los fondos de pensiones mediante las cotizaciones en la Seguridad Social por los trabajadores, se presten a empresas que no califiquen.
Jacobo Ramos, Gabriel del Río y Rafael Abreu (Pepe), presidentes de las Confederaciones de Trabajadores Dominicanos (CNTD), Autónoma Sindical Clasista (CASC), y Nacional de Unidad Sindical (CNUS), indicaron que esos recursos se prestan a empresas sólidas, y “las quejas son de empresas rechazadas por no calificar para acceder a los préstamos de los fondos de pensiones”. La Asociación de Industrias (AIRD) sugirió que los fondos de pensiones que ya superan los US$10 mil millones y aumentan US$100 millones cada mes, se usen para financiar el desarrollo de la industria nacional.
Ramos, de la CNTD, resaltó la posición de la Comisión de Clasificadora de Riesgo de la Superintendencia de Pensiones (empresarios, Gobierno, trabajadores y la bolsa de valores), que establece que, si la empresa o industria cumple con las condiciones, que acceda a los préstamos. “Nosotros no nos oponemos, pero no se puede poner en riesgo los recursos otorgándolos a empresa que soliciten préstamos sin ninguna garantía de estabilidad y de retorno de los fondos”, añadió.