El gobernador de Elias Piña, Juan Alberto Aquino Montero (Pipin), negó que el vehículo en cuyo interior se incautaron 900 libras de ajo importado de contrabando desde Haití, sea de su propiedad.
Juan Alberto Aquino Montero atribuye esa versión a “chismes políticos, porque como ya se barajan aspirantes a la senaduría de esta provincia para las elecciones del 2020, y como yo estoy en buena posición para aspirar, comienzan los chismes en mi contra”. El representante del Poder Ejecutivo en esta provincia afirma que esa versión se presta a chantaje de alguien relacionado con medios de comunicación, cuyo nombre no quiso revelar. Aquino Montero se refiere al decomiso de 900 libras de ajo durante un operativo realizado por efectivos del Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza Terrestre (CESFRONT), el jueves de la semana pasada, pero que no fue sino este lunes cuando se rebeló la acción.
Al celebrarse hoy 27 de marzo el Día Mundial del Teatro, un grupo de teatristas dominicanos se apostarán en el Ministerio de Cultura en reclamo de que se restablezca la celebración del Festival Internacional de Teatro, debido a que el Ministerio lo pospuso para el año 2019 “porque los recursos serán destinados a mejorar la formación y la creación de nuevos grupos teatrales.”
La caminata se llevará a cabo mañana a las 2:00 p.m. desde el Palacio de Bellas Artes hasta el Ministerio de Cultura. La petición se hace en medio de la decisión del magno organismo cultural de utilizar esos recursos para un amplio programa de servicios pedagógicos, impartido por teatristas nacionales e internacionales. De acuerdo con el veterano actor y productor, Juancito Rodríguez, la protesta tiene el objetivo de “elevar nuestro reclamo y apoyo a lo que le pertenece al pueblo por derecho. Su vigencia y desarrollo cultural en toda la extensión de la palabra”. En un comunicado de prensa, Cultura informó que se habilitará la creación de grupos en provincias como Dajabón, Santiago Rodríguez, Neyba, entre otras, y la reestructuración de los planes formativos, adecuándolos a los nuevos tiempos.
El apresado director de recursos humanos de la Alcaldía de Santiago realizó transferencias de sumas millonarias a una empresa de su propiedad desde casa de cambios, según consta en el expediente.
Solo en una ocasión René Guzmán Capellán presuntamente llegó a cambiar hasta 89 cheques de supuestos empleados, por un monto de prácticamente 700 mil pesos y luego fueron transferidos a su cuenta. Los cheques, que eran cambiados en dos establecimientos comerciales de Santo Domingo y Moca, pertenecían a supuestos trabajadores con salarios de quince mil, diez mil y tres mil pesos. Ayer, el juez Cirilo Salomón, de la Oficina de Atención Permanente de Santiago, aplazó para el próximo miércoles el conocimiento de la medida de coerción. La decisión fue tomada a petición de los abogados de la defensa de Guzmán Capellán, debido a que no conocían a profundidad el expediente.
La Fundación Sociedad de Amigos Alimentando Un Niño, que preside el empresario aduanero, Víctor Pavón, llamó al Congreso Nacional a someter una Ley que prohíba a las casas licoreras vender alcohol durante el período de la Semana Santa, como una forma de reducir la cantidad de muertos y heridos.
“El alcohol y el exceso de personas que realmente no tienen la consciencia y la educación necesaria para poder fomentar los valores morales y hasta patrios; que irrespetan al ciudadano y a todo el que convive en un lugar de esparcimiento no es más que el resultado del consumo irresponsable de bebidas alcohólicas en un tiempo que debe ser para la reflexión”, consideró.
El Padre Rogelio Cruz denunció que fueron encontradas diez bombas el pasado viernes en loma Miranda por los que demandó una investigación de las autoridades.
Cruz afirma que se mantendrá en la entrada de la loma defendiendo la no explotación de la misma. Se recuerda que hay una sentencia del Tribunal Constitucional la 177-13 que prohíbe la explotación de Loma Miranda.
Un tribunal de apelación brasileño denegó los recursos presentados por el expresidente Lula contra una condena a más de doce años de cárcel, comprometiendo las chances del líder de la izquierda tanto de volver al poder como de seguir en libertad.
La jurisprudencia brasileña autoriza a encarcelar a los acusados que hayan agotado las apelaciones en la segunda instancia, como ocurrió este lunes con Luiz Inácio Lula da Silva, de 72 años, presidente de la mayor economía latinoamericana de 2003 a 2010. Pero el Supremo Tribunal Federal (STF, corte suprema) le garantizó la semana pasada que no sería detenido al menos hasta el 4 de abril, cuando reanude la discusión de un ‘habeas corpus’ que podría permitirle mantener su libertad hasta que finalicen otras instancias judiciales superiores. Un camino que puede llevar años y que empieza con el Supremo Tribunal de Justicia (STJ, tercera instancia) y puede llevarlo de vuelta ante el propio supremo.