Se armaron los dimes diretes: primero esta el consejo de defensa del exministro de Obras Pública, Víctor Díaz Rúa, aclaró que el exfuncionario no ha afirmado que el Partido de la Liberación Dominicana manejó RD$35 mil millones de pesos sino que las cuentas bancarias señaladas en la acusación del Ministerio Público fueron manejadas por él en su condición de secretario de finanzas del partido. El abogado Ramón Emilio Núñez dijo que no es cierto el monto de 35 mil millones de pesos que se menciona en la acusación del Ministerio Público por los sobornos pagados por Odebrecht contra su cliente. “Basta sumar los movimientos de las cuentas para comprobar que ese monto es un claro error de los peritos de que se valió el órgano investigador”, refirió.
Siguiendo con los dimes y diretes: la disposición del pleno de la Junta Central Electoral (JCE) de suspender las actividades proselitistas de los aspirantes a posiciones electivas de caras a las elecciones del 2020, sacudió a la clase política y provocó reacciones de unos y el silencio de otros. La medida se adopta en momentos en que se registra un gran activismo, principalmente en el oficialista Partido de la Liberación Dominicana (PLD), donde hay siete dirigentes detrás de la candidatura presidencial. Y empezamos con la reacción de Bautista Rojas Gomez (equipo de Leonel): “Nosotros vamos a seguir trabajando en la República Dominicana, esto es un país democrático y de derechos, eso no es de él (presidente de la JCE), eso no surge de él, eso es lo que es él, un pusilánime, un irresponsable, un cobarde”. Nos comunicamos con un abogado con conomimiento de causa y nos dijo que si, que la Junta tiene la facultad de tomar ese tipo de decisiones….me gustaria que armamos una encuesta por telefono a ver si nuestros oyentes estan de acuerdo con esta medida.
Otro más que reaccionó fue: el dirigente de la Fuerza Nacional Progresista (FNP) Vinicio Castillo Semán afirmó este jueves que la resolución de la Junta Central Electoral que prohibió ayer toda actividad proselitista a los partidos políticos violó el Artículo 23 de la Ley 200 de Libre Acceso a la Información Pública, que obliga al organismo a publicar previamente en los medios de comunicación su anteproyecto de resolución y consultar con los partidos y con la sociedad el contenido de la misma, ya que afecta y regula derechos fundamentales.
Bueno, hay que preparar otro conteo regresivo: el juez de la Instrucción Especial de la Suprema Corte de Justicia, Francisco Ortega Polanco, fijó para el 6 de julio la audiencia preliminar de conocimiento de la acusación por los sobornos pagados por Odebrecht en el país. Mediante auto 01-2018, Ortega Polanco notificó al procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, y a los abogados de los imputados Ángel Rondón, Tommy Galán, Víctor Díaz Rúa, Andrés Bautista, Conrado Pittaluga, Jesús Vásquez y Roberto Rodríguez, que la audiencia está pautada para las 9:00 de la mañana en la Suprema Corte de Justicia. Los señalados en el caso son acusados por la Procuraduría General de recibir sobornos de la constructora brasileña, además de prevaricación, enriquecimiento ilícito, falsedad en escritura y lavado de activos. Ortega Polanco no otorgó plazo a las partes para responder a la acusación depositada el 9 de junio. Se recuerda que tres de los imputados, Conrado Pittaluga, Jesús Vásquez y Tommy Galán, no depositaron escritos de contestación por considerar que la notificación y el plazo que les dio la Secretaría de la Suprema Corte de Justicia fue irregular.
Ah, pero van a seguir: por segundo día consecutivo, agentes de la Policía Nacional impidieron la instalación de un campamento por parte del colectivo Marcha Verde en el área del Monumento a los Héroes de la Restauración de Santiago. Un contingente policial les retiró las carpas y las sillas a los manifestantes. Los verdes se instalaron ayer en la referida plaza de manera simbólica contra la impunidad, y fueron desalojados. Los activistas calificaron la acción como una violación al derecho que tienen los ciudadanos de protestar pacíficamente. Asimismo, responsabilizaron al presidente Danilo Medina de lo que calificaron como un atropello. A pesar de la represión, los verdes indicaron que continuarán en el área Monumental ejerciendo un derecho ciudadano.
Dando seguimiento a los policías que olvidaron en que trabajan: el Ministerio Público de Santo Domingo Oeste solicitó que sea impuesto un año de prisión preventiva, como medida de coerción, contra cuatro oficiales de la Policía Nacional vinculados a la sustracción de RD$1 millón 500 mil en efectivo a una mujer, en un hecho ocurrido en Los Alcarrizos. El expediente con la solicitud de la medida de coerción hecha por la fiscal titular de esta demarcación, Rosalba Ramos, en representación del Ministerio Público, establece que los oficiales implicados en este hecho son el coronel Francisco Radhamés Vargas Ureña, encargado de la Dirección Central de Investigaciones Criminales (Dicrim) en Santo Domingo Oeste; el teniente coronel Santiago Sánchez Gálvez, el capitán Martín Madé Lara y el segundo teniente Ormandis Onésimo Alcántara Castillo.