Mientras altas figuras de la política, el gobierno y el Congreso Nacional eran conducidas a la cárcel por el caso Odebrecht, el presidente Danilo Medina seguía ayer de cerca, desde el Palacio Nacional, el desarrollo de esos operativos, a través de la televisión y otros medios de comunicación
El mandatario llegó a la casa de gobierno y de inmediato inició sus labores habituales con normalidad. Desde su despacho siguió de cerca los reportes televisivos sobre los arrestos. Despachó temprano con el director del Departamento Nacional de Investigaciones (DNI), Sigfrido Pared Pérez, mientras algunas citas pautadas fueron suspendidas. Su equipo de colaboradores y funcionarios más cercanos se concentró en conocer los detalles del caso. Los pasillos lucían despejados y fueron casi nulas las visitas, tanto en las oficinas como en el despacho presidencial.
El juez de la Suprema Corte de Justicia, Francisco Ortega, apoderado del caso Odebrecht, solicitó a la Policía Judicial que se le aumente la seguridad para él y su familia
Sin embargo la Policía Judicial no tiene capacidad para aumentarla con el personal que tiene, por lo que ha reenviado la solicitud a la Policía Nacional. El auto de designación del juez fue notificada al procurador Jean Alain Rodríguez por el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Mariano Germán Mejía, también presidente del Consejo del Poder Judicial. El juez Ortega, de la Tercera Sala Laboral, de Tierras, de lo Contencioso Administrativo y lo Contencioso Tributario deberá ser apoderado de cualquier diligencia que requiera el Ministerio Público en torno al caso. El apoderamiento del juez de la Suprema Corte de Justicia se produce en momento en que personal de mantenimiento de la Fiscalía del Distrito Nacional, de manera sorpresiva e inesperada, realizan el remozamiento del interior de la cárcel que funciona en el Palacio de Justicia, de Ciudad Nueva.
El cabildo del Distrito Nacional desalojó ayer a los buhoneros que ocupaban la parte frontal del hospital Francisco Mosco Puello, que era ocupada por los comerciantes desde hacía más de 20 años
El director de Espacios Públicos del cabildo, Aníbal Díaz, encabezó el operativo que molestó a los hombres y mujeres que se dedicaban a vender alimentos, ropas, zapatos y otros productos y artículos. Informó que a los buhoneros se les había notificado sobre la situación y que en algunas ocasiones se les invitó a dejar libres los espacios para peatones, pero no habían hecho caso. Diario Libre publicó la semana pasada un trabajo sobre los niveles de arrabalización del entorno, en el que ciudadanos opinaron sobre las dificultades que tenían para caminar por el lugar. Luego del desalojo hubo protestas en la calle Nicolás de Ovando esquina Josefa Brea y 6 Norte, lo que obligó a los conductores a variar la ruta debido a las gomas encendidas. Además de la quema de neumáticos, había escombros esparcidos y vidrios lanzados por los manifestantes, lo que motivó la presencia de agentes de la Policía que controlaron la situación y restablecieron el tránsito.
Los retenes de policías y militares que habían sido colocados por las autoridades en las entradas y salidas de los llamados “barrios calientes” de la capital, comenzaron a ser retirados, generando quejas de los residentes en esas zonas
Por ejemplo, los residentes en el barrio Los Praditos, en el Distrito Nacional, despertaron ayer con la sorpresa de que habían quitado los cuatro retenes militares que estaban instalados desde el mes pasado en los puntos de acceso a esa barriada. La preocupación de los ciudadanos de esa barriada fue tema de conversación en los colmados, donde en la mañana se reúnen algunas personas a tomar café y desayunarse. “Los delincuentes son los únicos que están felices con eso, porque ahora podrán hacer sus fechorías sin ninguna restricción”, opinó el propietario de uno de los colmados del sector al ser preguntado por reporteros de este medio.