El Tribunal Constitucional (TC) rechazó el recurso de revisión de sentencia de amparo del exraso de la Policía Nacional Daurin Rafael Muñoz Martínez, quien denunció a través de las redes sociales los bajos salarios de los agentes de dicha institución, calificándolos como “sueldos cebolla”
Al rechazar el recurso de revisión interpuesta contra la sentencia 00013-2016 dictada por la Tercera Sala del Tribunal Superior Administrativo, que rechazó ordenar el reintegro de Muñoz, el tribunal consideró que no fueron violentados los derechos fundamentales del recurrente. Daurin Muñoz buscaba que se dejara sin efecto el telefonema oficial emitido el 23 de octubre de 2015 por la Oficina del Jefe de la Policía Nacional, documento que contiene la cancelación del indicado accionante como raso de la Policía Nacional, que él estima violatoria de sus derechos fundamentales. Apoderada de dicha acción, la Primera Sala del Superior Administrativo pronunció su rechazo el 11 de enero de 2016; motivo por el cual el mencionado accionante en amparo impugnó en revisión este último fallo ante el tribunal.
La Fiscalía del Distrito Nacional fue apoderada la mañana de este lunes de una querella por presunta extorsión y estafa en contra de Ángel Rondón y Francisco Rodríguez, ex director del Indrhi.
Los abogados Plutarco Jáquez y Benita de la Rosa acudieron a depositar la querella en representación de Félix Radhamés Batista Matos, quien asegura haber sido víctima de una estafa de 5 millones de pesos por los dos acusados. El abogado Plutarco dijo que su defendido firmó un contrato en 2006 con el Indrhi y que de una suma de nueve millones que le debían, Ángel Rondón y Francisco Rodríguez se asociaron y se comprometieron a pagarle. Supuestamente ambos acusados hicieron que Batista firmará un cheque por los 9 millones para pagárselos y solo le entregaron dos cheques de dos millones cada uno y se quedaron con 5 millones que supuestamente le pertenecen al querellante.
El movimiento Marcha Verde anunció el inicio del proceso de consulta popular y planificación estratégica para definir los próximos pasos en la lucha por el fin de la impunidad, informaron los comités organizadores del colectivo en Cotuí y Barahona, donde se desarrollaron movilizaciones la mañana de este domingo.
Explicaron que en estos momentos en las diferentes asambleas y puntos verdes, ciudadanos y ciudadanas de los más diversos sectores de la sociedad comparten sus visiones y propuestas para fortalecer el movimiento, mejorar su desempeño y definir las acciones que permitan poner fin a la corrupción e impunidad que oprime al país. “La Marcha Verde se prepara para llevar su mensaje y sus propuestas de acción a cada casa, barrio, ensanche, residencial, campo o villa del territorio nacional y a las comunidades de dominicanos en el exterior, garantizando que todos los sectores sociales y poblacionales participen en la construcción del actual proceso de cambio”, rezó el manifiesto leído al culminar la marcha de la provincia Sánchez Ramírez. En una comunicación de prensa el movimiento explica que el plan de lucha estará orientado a construir el camino que permitirá encarcelar a los corruptos, recuperar el dinero robado, sacar a la empresa Odebrecht del país y abrir las puertas de la transformación institucional, social y política que necesita la nación.
Un diputado peledeísta por la provincia La Altagracia presentó un proyecto de ley ante el hemiciclo mediante el cual se previene, sanciona en las escuelas, liceos y colegios privados el hostigamiento, intimidación y acoso escolar, conocido como bullyng
Hamlet Melo dice que la pieza tiene el propósito de crear un sistema nacional de convivencia democrática escolar en los niveles educativos inicial, básica y media para prevenir y mitigar la violencia en los centros educativos. Lamentó que en muchas escuelas el flagelo del acoso a estudiantes se mantiene de forma silente y solo se publica en los medios de comunicación cuando se trata de hechos graves. “La presente ley tiene por objeto establecer los medios para diagnosticar, prevenir, evitar, sancionar y erradicar la violencia, el hostigamiento, la intimidación y cualquier acto conductual considerado como acoso entre los alumnos de las escuelas, y liceos públicos”, dice el proyecto. Explicó que la pieza también alcanzaría los centros de enseñanzas del Ministerio de Cultura y en aquellas instituciones que responden a formas particulares de organización curricular.
La fiscal del Distrito Nacional sostuvo que no objeta que el Primer Juzgado de la Instrucción cite a declarar al exdirector de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (Oisoe) Miguel Pimentel Kareh, para que explique los negocios que alegadamente hizo con los ejecutivos del quebrado Banco Peravia.
La defensa de los imputados Nelson Serret y Jorge Serret pidió a la jueza Keila Pérez, que citara a Pimentel Kareh para que explique sus vínculos con José Luis Santoro, a lo que no se opuso la fiscal Yeni Berenice Reynoso. La magistrada sostiene que fue Kareh quien envió al coronel Jesús Acosta Florentino, a trabajar con Santoro en el Banco Peravia. Refirió que nunca había visto a un civil ordenando a un oficial de alto rango servirle a otro civil. “Nosotros no tenemos objeción a que él venga a declarar y explicar cuáles negocios tenía con Santoro”, sostuvo. El abogado de Yesenia Serret, Zacarías Payano, ponderó la posición de la fiscal de favorecer la comparecencia de Karet.
El ministro de Interior y Policía admitió que en el Gran Santo Domingo Existe una banda de criminales que se dedica a asesinar policías y militares con la con la finalidad de despojarlos de sus armas de reglamento.
Carlos Amarante Baret también reconoció que la ausencia que por muchos años ha tenido el Estado en barrios de la capital y del interior ha sido aprovechada por los delincuentes para tomarlos y cubrir necesidades de sus pobladores. Con respeto a los hechos que se han producido en los últimos días, sobre todo en el municipio de Santo Domingo Oeste, Amarante Baret dijo que las investigaciones que realiza la Policía están muy avanzadas, inclusive se han producido apresamientos, pero de lo que se trata no es de resolver los casos, sino evitar que se cometan.
El presidente de EE.UU., Donald Trump, aprobó hoy la declaración del estado de emergencia en el estado de Luisiana, afectado al igual que el de Texas por graves inundaciones debidas al paso del ciclón Harvey, informó la Casa Blanca
Esta declaración autoriza al Departamento de Seguridad Nacional y a la Agencia Federal para la Gestión de Emergencias (FEMA) a coordinar todos los esfuerzos de socorro en casos de desastre y liberar fondos federales para afrontar la tragedia. «Esta acción ayudará a aliviar las dificultades y el sufrimiento que la emergencia ha causado a la población local y proporcionará asistencia apropiada para las medidas de emergencia requeridas», aseguró la Casa Blanca en un comunicado. El estado de Luisiana, al igual que Texas, se ha visto afectado por graves inundaciones a causa de la llegada en la noche del pasado viernes del huracán Harvey a las costas estadounidenses del Golfo de México, que pese a haberse degradado a tormenta tropical, ya ha causado al menos cinco muertos y decenas de miles de damnificados. Las autoridades calculan que tendrán que alojar a más de 30.000 personas a causa de las inundaciones sin precedentes dejadas por el ciclón, que ha afectado especialmente al área de Houston (Texas), donde la acumulación de agua supera el metro de altura.
Aunque se supone que todo debería estar listo para el inicio de la docencia hoy en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) existen dos edificios que siguen en remodelación
Se trata de la Facultad de Humanidades, la cual tiene más de tres años en remodelación, y pese a que se imparte docencia en sus espacios hay laboratorios sin equipos. Falta el salón de redacción, de profesores, laboratorios de psicología, entre otras cosas”, declaró Santiago Antonio Bonilla, quién hizo un llamado a la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE), que deje de alegar que la tardanza se debe a la política de programación y terminen lo que iniciaron.
Las exministras de Transporte Cecilia Álvarez y Educación Gina Parody rendirán indagatoria hoy ante un juez de la Corte Constitucional colombiana como parte del caso de sobornos de la constructora brasileña Odebrecht.
Las exfuncionarias del Gobierno del presidente Juan Manuel Santos deberán presentarse ante el fiscal segundo delegado ante la Corte Suprema de Justicia para hablar sobre cómo se firmó con Odebrecht el contrato para la construcción de la vía Ocaña-Gamarra, que hace parte del Tramo II de la Ruta del Sol, detalló la Fiscalía General de la Nación en un comunicado. Durante la citación, el organismo investigativo determinará si la exministra de Transporte Cecilia Álvarez Correa (2012-2014) estuvo involucrada en los sobornos de Odebrecht por la adición del tramo en la vía Ocaña-Gamarra. En esta adicción de la Ruta del Sol, la constructora brasileña y sus socios colombianos ganaron cerca de 670.000 millones de pesos más (unos 229 millones de dólares) sobre el contrato inicial. Además, la Fiscalía establecerá si Álvarez incurrió en conflicto de intereses al momento de firmar el contrato, que está relacionado con la Sociedad Portuaria de Cartagena y Buenaventura, vinculada a la familia de la exministra de Educación, Gina Parody, quien es su pareja.
El ministro de Medio Ambiente negó hoy que conspire para legitimar la expropiación del vertedero Duquesa, como afirmó un ejecutivo de la empresa Lajun, que administra ese depósito, en medio de una litis en la que se espera conocer un recurso interpuesto por la alcaldía Santo Domingo Norte, para que se anule el contrato de recogida de basura.
Francisco Domínguez Brito también negó, a través de su vocera de prensa, Julia Ramírez, que el ministerio permitiera el depósito de basura en la entrada del vertedero, como afirmó ayer Eduardo H. Ripoll, ejecutivo de la empresa. El ministro expresó que hay que esperar que el Tribunal Superior Administrativo (TSA) conozca el próximo miércoles la solicitud de nulidad del contrato, interpuesta por la alcaldía Santo Domingo Norte.
“Hay un problema mayor que es la contaminación y el riesgo de la población, pero vamos a esperar la decisión que tome el tribunal”, indicó. El pasado sábado, Domínguez Brito visitó el vertedero de Duquesa, cuyo acceso se congestionó por la gran cantidad de camiones que hacían filas para entrar al vertedero. Allí expresó su confianza en que la Fiscalía de la provincia Santo Domingo acoja una querella interpuesta por Medio Ambiente contra los principales ejecutivos de la empresa.
El procurador general de la República declaró aquí que enfrentarán la delincuencia y la criminalidad con todo el coraje y firmeza necesarias y que incluso se trabajarán las 24 horas del día para lograr contener las consecuencias de esos dos flagelos sociales.
Jean Alain Rodríguez dijo que el Ministerio Público será dotado de todas las herramientas necesarias para enfrentar de forma efectiva y oportuna los actos criminales y delincuenciales del país. «Es un reto y vamos a enfrentar todos los retos que se nos presenten, con todo el coraje y firmeza y trabajando 24 horas sin descansar», subrayó Rodríguez en una visita que hizo a la clínica Unión Médica del Norte, donde se encuentra ingresado en la unidad de cuidados intensivos el fiscalizador del municipio de Guayubín Cristóbal Cruz y quien el pasado sábado fue herido de un cartuchazo en la boca por un profesor de educación física en una investigación por ventas de drogas. El procurador funcionario refirió que se está preparando un plan estratégico para el Ministerio Público que incluye nombramiento de más personal y un nuevo sistema de inteligencia criminal. En cuanto al agresor del fiscalizador de Guayubín, MIlton Fermín, declaró que se buscará que en su contra se aplique todo el peso de la ley. Rodríguez donó una pinta de sangre del tipo O positivo que se necesitaba para una intervención del fiscalizador herido.
El presidente de la Comisión Evaluadora de los Terrenos del Consejo Estatal del Azúcar, Bautista Rojas Gómez, explicó este lunes que los terrenos que ocupa el vertedero de Duquesa, administrado por la empresa privada Lajun Corporation, son propiedad del Estado y que por ende no pueden ser “enajenado” ni vendidos en absoluto.
Aseguró que luego de una “exploración” de los archivos del consejo, se ha comprobado que esa entidad “no hizo ninguna operación con ninguna persona, empresa o demás, lo que quiere decir que ese terreno es propiedad del Estado dominicano. Durante una reunión con la comisión de contratos de la Cámara de Diputados, Rojas Gómez indicó que en 1995 el terrero de Duquesa fue “prestado” por un período de 20 años al entonces síndico de la capital Rafael Subervi Bonilla.
A las 2:00 de la tarde de este lunes, día que inicia el segundo semestre de 2017 en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), su Consejo Universitario se encuentra en reunión para dar continuidad al caso de fraudes de notas.
El escándalo en la casa de altos estudios explotó en 2013, después que una auditoría lo revelara y su entonces rector, el asesinado Mateo Aquino Febrillet , dijo que los responsables serían expulsados. En febrero de 2014, la contralora de la universidad de aquel entonces, Aurea Pelletier, rindió un informe sobre los casos de irregularidades en la digitación de calificaciones. Dentro del expediente, se detalla el nombre de estudiantes que tienen cambios en las calificaciones de algunas asignaturas, así como el de “profesionales” que habrían pagado para obtener el título sin cursar todas las asignaturas. El informe de la Contraloría detectó irregularidades de al menos 22 “profesionales” y de 15 estudiantes que no se han graduado. Dentro de los profesionales, figura el exministro de la Juventud y actual director ejecutivo del Instituto Nacional de Educación Física (INEFI), Jorge Minaya, quien se había graduado de Educación mención Filosofía y Letras.