El juez Sergio Moro negó la primera apelación intentada por la defensa del expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva contra el fallo que lo condenó a nueve años y medio de prisión por corrupción, informaron ayer fuentes judiciales.
En la acción negada por el magistrado, la defensa demandaba que fueran corregidas diversas “omisiones” en los autos del proceso, que se fundamenta en la supuesta entrega a Lula de un apartamento en el balneario paulista de Guarujá por parte de la constructora OAS, a cambio de presuntos “favores políticos” hechos por el exmandatario. Según la defensa, existen documentos que fueron presentados al tribunal y desconsiderados por Moro, entre los cuales cita desde declaraciones de testigos hasta certificados que probarían que la verdadera propietaria del inmueble sigue siendo la constructora. En la decisión proferida, Moro sostiene que “no existen ni omisiones, ni oscuridades ni contradicciones en la sentencia”, que ha sido dictada en primera instancia y aún deberá ser analizada por un tribunal superior. También señaló que la defensa del expresidente “permanece omisa al no esclarecer cuáles documentos o contratos estarían faltando en los autos” que llevaron a dictar la pena, por los supuestos delitos de corrupción y lavado de dinero.
Los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) iniciaron este miércoles, pasadas las 10:00 de la mañana, el proceso de deliberación de las candidaturas de los jueces a las Altas Cortes.
Durante tres días el consejo evaluó a 83 preseleccionados de los 85 que escogió. Dos de ellos declinaron el día de sus entrevistas. Tras las evaluaciones, el presidente Danilo Medina, en calidad de presidente del consejo, instó a los miembros del organismo a analizar los expedientes de los evaluados a fin de hacer «la mejor selección». El consejo está reunido en el Salón de Embajadores del Palacio Nacional.
La fiscal del Distrito Nacional, Yeni Berenice Reynoso, consideró que la falta de fondos no es impedimento para que alguna entidad del Estado no haga el trabajo que le corresponde
Indicó, al ser cuestionada sobre la situación del Cuerpo de Probatoria y Libertad Condicional de República Dominicana, organismo que denunció que la falta de recursos económicos y de personal le impedía realizar su función adecuadamente, que siempre ha pensado que la excusa de recursos no debe ser un impedimento para hacer el trabajo. “Siempre está la posibilidad de pedir cooperación con la Policía Nacional, el Ministerio Público, a través de su Departamento de Captura de Prófugos, Rebeldes y Condenados. En el caso de la Fiscalía del Distrito Nacional siempre que hemos solicitado cooperación a organismos auxiliares nos la dan, sin embargo, siempre en el Estado la necesidad de recursos como que es prácticamente permanente. Lo que sí reitero es que ese no debe ser un obstáculo para hacer el trabajo, aunque no estoy en contra de que se les otorgue más recursos”, planteó.
La empresa Claro anunció una nueva etapa tecnológica en el desarrollo de las telecomunicaciones en República Dominicana, con la primera red móvil 4.5G del país.
Durante la presentación realizada a los directivos del Indotel y los principales medios de comunicación del país, Juan Pablo Romero, vicepresidente de Ingeniería y Operaciones de la red de la empresa, explicó la evolución tecnológica que se requirió para esta transformación de la red que sienta las bases hacia la nueva generación 5G. “Actualmente cubrimos el 72% de la población con la red 4.5 G de Claro, además del 90% en 4G LTE y el 99 % en 3G, más de 26 provincias conectadas con Fibra Óptica y más de 10 ciudades con Fibra Óptica hasta el Hogar.” Cuenta con tecnología 4×4 (Multiple Input/Multiple Output), lo que permite velocidades de hasta 390 megabits por segundo¨ indicó Romero. Aseguró que la nueva red puede llegar a velocidades hasta 4 veces mayor que la 4G, tiene mejor cobertura en espacios cerrados, más capacidad de manejar clientes y dispositivos conectados de forma paralela, menor tiempo de respuesta y en general, una mejor calidad en la experiencia del cliente.
La Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia prorrogó para el 26 de julio la lectura de la sentencia íntegra que emitió sobre las medidas cautelares que conoció y aplicó a siete de los diez imputados del expediente de los sobornos de Odebrecht que apelaron las medidas de coerción.
La jueza presidenta del tribunal, Miriam Germán Brito, notificó a las partes el auto administrativo con la decisión debido a que los recursos de apelación interpuestos por los procesados contienen “un elevado número de motivos que deben ser analizados y contestados por ese pleno”. El 8 de julio el tribunal ratificó la prisión preventiva por un año al empresario Ángel Rondón, y de nueve meses para Víctor Díaz Rúa, en tanto que dispuso arresto domiciliario para el abogado Conrado Pittaluga por igual período. Asimismo, impuso presentación periódica, impedimento de salida y pago de una fianza a Temístocles Montás, Radhamés Segura, Andrés Bautista, Ruddy González, Conrado Pitaluga, Máximo De Óleo y César Sánchez. La lectura íntegra del fallo estaba prevista para mañana a las 9:00 de la mañana en la sala de audiencias de la Suprema Corte de Justicia.