“A los jabladores hay que investigarlos” -Hipólito Mejía, refiriéndose al senador de Peravia, Wilton Guerrero. Dijo esto cuando salía de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), donde tiene un pleito casado contra Wilton
Resulta que Hipólito demandó al senador porque en plena campaña del 2012, lo acusó de haber hecho un corro aparte con El Chapo (el entonces líder del cartel de Sinaloa) durante una visita a México, y que hasta en un avión privado lo llevaron. Pero bien, entre otras cosas, Hipólito dijo que “ve difícil” que las nuevas generaciones desplacen el liderazgo de los políticos tradicionales, como él y Leonel, así que no tiene duda alguna de que será candidato a la presidencia en 2020. No es por mal, porque ya había dicho que Abinader está preparado, aunque sea joven, y que la juventud no es un problema. Como ejemplo puso a Macron, el que ganó en Francia, que es jovencito aunque tenga una mujer “más añejada que él” (25 años le lleva la doña). Algo más: que la oposición está “on time”. Ni idea de qué quiso decir con eso.
Atención aquí: están por subirte la factura del celular. En la Cámara de Diputados hay una propuesta de ley que busca que las compañías de telecomunicaciones tengan que pagar un impuesto fijo, para financiar el 911. Los impuestos que tenemos ahora son de un 30%, que por cierto, está entre los más altos de la región.
A propósito de impuestos: le imponen 10 años de prisión a falso fiscalizador de la DGII
Fue condenado a diez años de prisión un hombre acusado de hacerse pasar por fiscalizador de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), cobrándoles altas sumas de dinero a los contribuyentes para que estos no fueran multados por la Administración Tributaria. Se trata de Miguel Antonio Burgos (Burguitos), quien anteriormente tuvo una participación activa en la comisión de delitos tipificados en la ley penal como falsificación, uso de documento público falso y usurpación de funciones, creando reincidencia en esas violaciones, razón por la cual fue declarado culpable de violar los artículos 56 y 148 del Código Penal Dominicano. La sentencia fue dictada por la Segunda Sala de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, ratificando la decisión de primer grado que condenó al imputado. El Tribunal de Apelación retuvo la decisión de Primera instancia incluyendo la determinación de que Miguel Antonio Burgos es reincidente en usurpar las funciones de fiscalizador de la DGII, enviándolo a la Penitenciaria Nacional de la Victoria, para que allí cumpla su condena.
El director de la Oficina Para el Reordenamiento del Transporte (Opret), Diandino Peña, salió al frente de los cuestionamientos hechos por la supuesta falta de transparencia en sus declaraciones juradas de patrimonio ante la Cuentas de la República Dominicana (CCRD) y dijo que están apegadas a la ley
Explicó que las 22 empresas que pertenecen a su patrimonio familiar son legales y están correctamente transparentadas, por lo que instó a que quienes tengan evidencias de que no sea así, pueden acudir a la justicia y mostrar esas pruebas. “Esas declaraciones están hechas conforme a la ley. Lo que no aparece en nuestra declaración jurada es porque nuestros asesores nos han dicho que no corresponde” respondió Peña al ser entrevistado en el programa radial “El Sol de la Mañana”. Dijo que hay “evidentes pretensiones e intenciones de establecer un eventual vínculo entre los recursos de los proyectos que como empresario y funcionario público nosotros manejamos con el Metro de Santo Domingo”. Explicó que esas empresas, algunas offshore, tienen la capacidad de convertirse en vehículos corporativos y pueden hacer las actividades la ley le permita. “Podemos ser titulares de acciones, de proyectos, poder asumir la titularidad de procesos de transacciones o procesos de capitalización, ya que todas estas empresas están registradas en las instituciones públicas que obedecen a la ley, no solamente registradas, todas están al día en sus obligaciones fiscales”, aclaró el funcionario.
El vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), Servio Tulio Castaños, afirmó que hay hallazgos que deberá investigar el Ministerio Público, sobre la licitación y adjudicación de la Termoeléctrica de Punta Catalina
El miembro de la Comisión designada por el Poder Ejecutivo para indagar el proceso que benefició a la constructora Odebrecht enfatizó en que “ahí hay cosas que al final yo creo que va a tener que investigar el Ministerio Público”. Castaños Guzmán recordó que Odebrecht señaló que entregó sobornos del 2001 al 2014, “pero la única obra que se contrató del 2012 al 2014 fue Punta Catalina… entonces ahí hay un problema”. Afirmó que quienes integraron la comisión de licitación de la Central Termo Eléctrica de Punta Catalina “no sabían de eso, por eso es que tú ves que contratan a Stanley Consulting”.
La presidenta de la Cámara de Diputados, Lucía Medina, dijo esta mañana que el Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) es el organismo que decide la elección del próximo presidente (a) de la Cámara de Diputados
“Eso es un tema (la elección) del Comité Político. Eso no es un tema del Congreso. Y yo soy una miembra del Comité Político”, declaró. La diputada habló al ser abordada por periodistas sobre la opinión del presidente del Senado, Reinaldo Pared Pérez, quien dudó que Lucía Medina quiera continuar en ese cargo después que venza su periodo, en agosto de este año.
Las investigaciones sobre el caso de sobornos de la empresa Odebrecht parecen estancarse en República Dominicana, faltando solamente 7 días para que se cumpla el plazo establecido por las autoridades judiciales brasileñas para revelar los nombres de los dominicanos que fueron beneficiados con los 92 millones de dólares distribuidos para obtener contratos de obras gubernamentales
Al parecer, el caso no ha salido de entre los temas de debate de la sociedad por las presiones que mantiene en movimiento Marcha Verde, a través de caminatas y otras actividades en reclamo de que el caso se lleve hasta las últimas consecuencias y los responsables vayan a la cárcel. Cuando estalló el escándalo, la Procuraduría General de la República lució muy activa e inmediatamente inició un proceso de interrogatorios a quienes las investigaciones iniciales señalaban como los responsables de distribuir y recibir sobornos. El último en ser interrogado sobre el caso fue el exadministrador de la CDEEE, ingeniero Radhamés Segura, quien fue citado por segunda vez, el pasado 26 de abril. También había sido interrogado a mediado de enero de este año. Desde esa fecha el tema se ha mantenido en hermetismo absoluto.
El Concejo Nacional de Comerciantes y Empresarios de la República Dominicana (CONACERD) responsabilizó este jueves a los importadores de que en el país se esté vendiendo un componente de leche no apto para el consumo humano
Antonio Cruz Roja, presidente del concejo, explicó que las licencias son emitidas con el objetivo de que el producto llegue al país como un insumo para las industrias que fabrican queso, yogurt, helados, bizcochos y dulces. “El importador ha desviado el destino de este producto, no apto para el consumo humano, vendiéndolo a los colmados y otros establecimientos comerciales”, expresó Cruz Rojas. Dijo que los importadores deben ser penalizados drásticamente, asegurando que ellos saben que no es apta para el consumo humano y aun así la distribuyen en los diferentes establecimientos.
La defensa de Luiz Inácio Lula da Silva consideró que la declaración del expresidente brasileño ante el juez Sergio Moro vinculada a un escándalo de corrupción respondió a una «escena política» y demostró su «inocencia»
Lula declaró durante cerca de cinco horas ante el juez Sergio Moro, que investiga la monumental trama de corrupción vinculada a la petrolera estatal Petrobras. El expresidente (2003-2010) declaró como imputado en los juzgados de la ciudad de Curitiba sobre la propiedad de un tríplex en Guarujá (en la costa de Sao Paulo) que según la acusación fue un regalo que Lula recibió de la constructora OAS a cambio de favores políticos y que, de acuerdo con la defensa, nunca perteneció al exmandatario.
El diputado peledeísta Elías Serulle aclaró hoy que el proyecto de ley de su autoría busca fijar una tasa sobre los servicios de telecomunicaciones para financiar el Sistema Nacional de Atención a Emergencias 911, no afectará a los usuarios
El legislador por el Distrito Nacional explicó que la iniciativa no establece un impuesto al usuario como se ha interpretado, sino una reducción de las ganancias de los empresarios que se enriquecen con la comunicación. De acuerdo con el diputado, el Congreso trabaja en coordinación con el Gobierno para desmontar todos los impuestos a las telecomunicaciones, reiterando que no se está proponiendo nuevos gravámenes para ese sector.
Familiares de un segundo teniente de la Policía Nacional que fue asesinado el año pasado realizaron hoy una protesta frente a la Procuraduría General de la República en demanda de que se designe un fiscal especial para que investiguen las circunstancia en que ultimado su pariente mientras estaba de servicio en Jima, Bonao
La madre del hoy occiso, Jolgina Araujo, pidió que se haga justicia en el caso, ya que el próximo 13 de este mes se cumple un año del hecho, y a la hasta la fecha la Policía no ha dado respuestas. “Estamos solicitando de manera formal la designación de un fiscal especial para que se realicen las investigaciones con la finalidad de que el caso sea debidamente aclarecido”, expresó la señora.