Dos diputados electos en los comicios del pasado 15 de mayo han sido acusados en el pasado de lavado de activos y tráfico de drogas, siendo incluso procesados por tribunales de República Dominicana y de Estados Unidos. Los futuros legisladores son Franklin Romero y Sergio Moya de la Cruz, que habrían ganado asientos en el Congreso Nacional en representación del Distrito Nacional y de la provincia Duarte, de acuerdo con los resultados provisionales de la Junta Central Electoral (JCE). Moya de la Cruz, conocido como Gory, electo por la circunscripción 3 del Distrito Nacional, fue acusado en julio de 1998 por la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) de lavar unos US$300 millones junto a otras 14 personas. En marzo del año 2000 tanto Moya como otras tres personas fueron descargadas “por insuficiencia de pruebas” por la Segunda Cámara Penal, a la cabeza de la jueza Ilsis Muñoz. Durante el proceso judicial, el representante del ministerio público fue Germán Miranda Villalona, procurador adjunto en materia de lavado de activos de la Procuraduría General de la República.
Villalona pidió que el hoy político del Partido Revolucionario Moderno (PRM) fuera condenado a ocho años de prisión. “La jueza dijo que si bien es cierto que la íntima convicción es una facultad del juez para evaluar el derecho y los motivos de un caso, no menos cierto es que la decisión debe estar basada en pruebas que según la sentencia no fueron aportadas por el representante del ministerio público”, según consta en una publicación del periódico El Nacional, suscrita por el periodista Pedro Castro, el viernes 24 de marzo del año 2000.