Algunos sectores «privilegiados» todavía se resisten a la aplicación de la Ley General de Salarios para el Sector Público No.105-13, y estarían intentando obstaculizar el proceso de implementación de esa normativa con un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional. El titular del Ministerio de Administración Pública (MAP), Ramón Ventura Camejo, denunció, sin identificarlos, «que sectores están torpedeando la implementación de la ley de salarios porque afecta privilegios, cuyos beneficiarios estarían tramando recurrir a la supuesta inconstitucionalidad de la ley».
El funcionario reveló que ya fue elaborado un borrador de reglamento, en el que será incluido el salario mínimo indispensable para los empleados públicos de menor nivel. «Este punto es muy importante, porque se trata de garantizar que los empleados públicos que menos ganan tengan el poder adquisitivo para la canasta básica», indicó. Asimismo, Ventura Camejo aclaró que el reglamento contempla que los salarios estén regulados por las autoridades de cada área de la administración pública. «Esto significa que no habrá intromisión en ningún poder del Estado, porque, la regulación salarial del Congreso sería hecha por el propio Congreso; mientras la del Poder Judicial estaría a cargo de los titulares de cada de las ramas de ese poder, en tanto la del sector financiero sería elaborada por la autoridad de ese sector, y las del Poder Ejecutivo las haría el Ministerio de Administración Pública», precisó.