El papa Francisco modificó significativamente las leyes que rigen esta ciudad estado al tipificar como delito la filtración de información del Vaticano y específicamente la violencia sexual, la prostitución y la posesión de pornografía infantil como delitos contra los niños, que ahora pueden ser castigados con hasta 12 años de prisión.
La legislación aprobada cubre tanto a clérigos como laicos que viven y trabajan en la Ciudad del Vaticano y es diferente de la ley canónica, que abarca a la Iglesia católica universal. La nueva ley se emite en un momento crítico, cuando el Vaticano se prepara para una audiencia ante una comisión de las Naciones Unidas sobre sus esfuerzos para proteger a los niños a tenor con una convención crítica de la ONU y evitar que los sacerdotes abusen sexualmente de ellos.