La Fiscalía del Distrito Nacional ordenó el archivo de la acusación contra Lucas Tobías Ortega Duarte, el tío de Argenis Contreras, acusado de ser el autor material del asesinato de catedrático universitario Yuniol Ramírez en octubre del 2017. La Fiscalía del Distrito Nacional asegura que no ha encontrado evidencias que pudieran vincular al imputado Lucas Tobías Ortega Duarte con los hechos puestos a su cargo. El Ministerio Público acusaba a Tobías Duarte de ser la persona que ocultó y protegió a Argenis de las autoridades en los Estados Unidos y conspirar para destruir la vinculación que tenía su sobrino con el asesinato. Para fundamentar su acción, la Fiscalía asegura que “el Ministerio Público tiene la obligación de actuar de manera objetiva y tomar en cuenta tanto las pruebas que indican responsabilidad penal, así como las que eximen”. También argumenta que no existe la forma de corroborar con elementos de pruebas la vinculación de Ortega Duarte con los hechos, ya que las acciones que a este se les imputan no ocurrieron en territorio nacional.
El Ministerio de Educación (Minerd) asegura que profundiza la optimización de la Jornada Escolar de Tanda Extendida, tanto respecto al compromiso de mejorar el proceso enseñanza-aprendizaje, como de garantizar el componente de la alimentación y otros servicios sociales a los estudiantes de familias provenientes de zonas vulnerables.
Según el Ministerio recientes informes de seguimiento y monitoreo realizados por la entidad “Iniciativa por una Educación de Calidad (IDEC)” ha quedado plasmado el servicio en la jornada extendida. “La tanda extendida busca la optimización del tiempo para garantizar aprendizajes de calidad, conjuntamente con el adecuado uso de los espacios y los medios, aspectos que se han ido profundizando con tangibles resultados, tal como lo muestran los informes presentados por la Iniciativa, institución de la sociedad civil que desarrolla una loable labor en favor de la educación”, declaró José Remigio García, director de Currículo del Ministerio.
El alcalde de Santiago, Abel Martínez, aseguró esta mañana que esa institución aprobó la certificación de uso de suelo a la empresa AC Marriott, donde la mañana del pasado martes ocurrió un deslizamiento de tierra que provocó la muerte a cinco obreros que allí laboraban en la construcción de un hotel. De esta manera, el administrador del municipio contradice declaraciones públicas ofrecidas ayer por la directora del Departamento de Planeamiento Urbano de la Alcaldía, Nancydith Espinal, en el sentido de que los inversionistas no cuentan con la autorización y certificación correspondiente. Martínez, quien dijo lamentar la ocurrencia de dicha tragedia, dijo que por parte de la Alcaldía de Santiago, institución reguladora del uso del suelo del municipio, “el proyecto posee la certificación de uso de suelo aprobada”. Recordó que los procesos posteriores a la expedición de dicha certificación, como permiso medio ambiental para movimiento de tierra y evaluación del proceso de construcción, son responsabilidad de los ministerios de Medio Ambiente y Obras Públicas.
El presidente de la Federación Nacional de Transporte la Nueva Opción (Fenatrano), Juan Hubiere del Rosario, decenas de entidades sindicales del transporte, propietarios y operadores de unidades del transporte de pasajeros, urbanos e interurbanos presentaron este jueves formal querella y constitución en actoría civil en contra del ministro de Industria y Comercio y de otro exministro y una empresa privada. Juan Hubiere encabeza la acción penal en contra del actual ministro de Industria y Comercio y Mypimes (MICM), Nelson Toca Simó, del exministro, arquitecto José Del Castillo Saviñón, y representantes de Coastal Petroleum Dominicana, S.A. En la querella y constitución en actoría civil, Juan Hubiere y otros querellantes acusan a los imputados de lavado de activos, prevaricación, desfalco, coalición de funcionarios, concusión, asociación de malhechores, entre otros cargos, delitos cometidos mediante la fijación de precios y comercialización del gas licuado de petróleo (GLP). Las víctimas solicitan en su querella y constitución en actoría civil la designación de un juez especial de la instrucción, dado el privilegio de jurisdicción de que gozan los imputados, para que le sea conocida medida de coerción, consistente en prisión preventiva. Los imputados estarían desfalcando al Estado mediante fijación excesiva de precios del carburante, mediante resoluciones ilegales para favorecer a Coastal Petroleum Dominicana, S.A.
El reconocido activista y ex candidato a asambleísta estatal del distrito 71, Rubén Darío Vargas, pidió una sanción moral contra el senador cubano americano de Nueva Jersey, Robert Menéndez (Bob), exigiéndole que se disculpe por su grosera intromisión en los asuntos internos de la República Dominicana. Vargas, nativo de Santiago de los Caballeros y con décadas de activismo en Nueva York, dijo que hasta ahora no ha escuchado que Menéndez haya hablado sobre la situación de Cuba y lo descalificó para entrometerse en los asuntos internos de los dominicanos. Aclaró que por su crítica a Menéndez, no significa que respalde la reelección de Medina, porque de lo que se trata es de defender la soberanía nacional dominicana. “Somos una nación libre y soberana, como lo dijo Duarte. Hay una interpretación interesada de la constitución dominicana, pero allá tenemos hombres y mujeres valientes, capaces, con coraje y energía para resolver los problemas internos del país”, agregó Vargas.
La Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), informa que la Unidad 1 de la Central Termoeléctrica Punta Catalina, actualmente en período de prueba con un aporte de 320 megavatios, será apagada por un período de 12 días para realizarle algunos ajustes, previo a su entrada regular al Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI). Durante su período de prueba y hasta el 22 de mayo, la planta ha aportado al SENI 229,829.6 megavatios/hora (MW/h), que facturados al costo del mercado spot representan una facturación de RD$1,637.6 millones, además de que sirvió de paliativo ante el déficit causado por la salida de algunas plantas que están en mantenimiento mayor y otras que han sufrido averías.
El joven político y abogado Omar Fernández, contestó la mañana de este jueves, al ser cuestionado sobre si tiene aspiraciones a algún cargo político, que para el 2020 no aspira más que a vivir en un país con mejores condiciones, igualdad y equidad y dirigido por el Partido de la Liberación Dominicana y por quien entiende será el próximo presidente de la República, su padre Leonel Fernández. “Soy abogado en ejercicio, manejo la oficina Fernández y Fernández, que fuese la oficina de mi padre (Leonel Fernández) cuando ejercía el derecho y en este momento intento dividir mi tiempo entre el trabajo y la política, pero al final de mi camino entiendo que en lo que me veré inmerso a tiempo completo es incorporado de lleno en la política”, puntualizó Fernández.