El procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, dijo que las investigaciones en torno a las irregularidades encontradas por la Cámara de Cuentas en la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA), están avanzando.
Aunque en el caso de supuesta corrupción en la OMSA solo le fue impuesta medida de coerción al empresario Eddy Santana Zorrilla, cuya prisión preventiva fue variada por presentación periódica, el procurador Rodríguez refirió que hay ocho personas que están detenidas. Estas cumplen medidas de coerción por el asesinato de Yuniol Ramírez, quien había denunciado corrupción en la OMSA. “Como ustedes saben estamos llevando una investigación en curso que está dando buenos resultados. Hay ocho personas sometidas, de una forma u otra, a la justicia; hay personas en prisión y el Ministerio Público está dando muestras de que está trabajando, todo esto responde a un plan estratégico que estamos llevando a cabo, y los resultados que se están viendo responden a ese plan. Hay tiempos y hay fases que se están agotando”, afirmó el Procurador. Con relación a la posición de la Contraloría General de la República y la de la Dirección General de Contrataciones Públicas sobre las compras realizadas en la OMSA, Rodríguez señaló que son esas instituciones las que tienen que ser cuestionadas en tono a sus pronunciamientos. “Nosotros estamos haciendo un proceso de investigación serio, responsable, que está dando sus frutos”, dijo el Procurador.
La Central Nacional Movimiento Chóferil del Transporte (MOCHOTRAN) anunció que favorece la colectivización del transporte.
El presidente de la entidad, Alfredo Pulinario (Cambita), entiende que ese proceso hay que hacerlo con mucha concientización principalmente en el aspecto social, económico y humanitario, porque se está hablando de chóferes que tienen más de 20 años trabajando en las principales calles del país. Mediante un comunicado aseguró que existe una comisión que va a comenzar a reunirse con los sindicatos, federaciones y técnicos de la presidencia, para iniciar el proceso de renovación de la flota vehicular. Expresó que a los chóferes que no tengan la fuerza para manejar un autobús de esos, porque su edad no se lo permite, el Gobierno debe que otorgarles una pensión digna.
Ayer venció el plazo para el registro de los taxis del Gran Santo Domingo (GSD), pero el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) decidió extender la jornada hasta el próximo sábado.
La medida fue tomada ante la solicitud hecha a las autoridades por parte de los dueños de las empresas o bases de taxis. Hasta ayer al mediodía se habían registrado alrededor de 4,000 unidades y ante el vencimiento del plazo se incrementó la cantidad de taxistas en el parqueo del estadio Quisqueya donde las unidades son revisadas desde el pasado lunes 12. Los días posteriores al inicio del registro eran pocos los conductores que se iban a registrar, pero ayer , como era el último día, hubo un aumento significativo de las unidades. De acuerdo con la directora del Intrant, Claudia Franchesca de los Santos, la idea es registrar todos lo vehículos que se dedican al servicio de taxis para saber cuántos son, dónde están, y la condiciones de las unidades para ajustarlas a los requerimientos de la ley 63-17.
Moradores del sector de Villa Juana cercano a la calle Manuel Ubaldo Gómez esquina 20, ya han agotado todos los recursos para que las autoridades resuelvan el problema de deterioro y acumulación de agua en esa intersección.
Desde las administraciones del exalcalde Roberto Salcedo vienen reclamando solución al problema y nada. “José Boquete” ha visitado el lugar tres veces y tampoco le hicieron caso. Cuentan los moradores que la última vez que fueron del Ministerio de Obras Públicas supuestamente les pidieron a los vecinos que aportaran 25 fundas de cemento y aunque aportaron algunas, siguen con el mismo problema.
Mire lo que le dijo un agente de la Digesett a mujer que le reprochó por casco protector: https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=58vfPX3zRqs
La Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre puso en función dos nuevos corredores viales fiscalizadores en importantes avenidas del polígono central del Distrito Nacional, para garantizar la fluidez vehicular y el respeto a la ley 63-17, de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial.
El primer corredor corresponde a la Gustavo Mejía Ricart, inicia en la Roberto Pastoriza, recorre la Winston Churchill y termina en la Ortega y Gasset. Otro corredor es en la Víctor Garrido Puello hasta la Lope de Vega.
La Dirección de Compras y Contrataciones emitió un comunicado en el que señala que los requisitos para hacer apelar a la resolución 15-08 “no fueron cumplidos, lo que se refleja en los hallazgos de contrataciones recurrentes de proveedores sin ordenes de compra ni contratos.”
Sostiene además que la situación en la que fue aprobada la Resolución 15-08. Sostiene que fue emitida “cuando el Sistema Nacional de Compras y Contrataciones Públicas tenía un desarrollo escaso, por la ausencia de una plataforma tecnológica que permitiera la publicación de los procedimientos de contratación pública desde la convocatoria, y en consecuencia el acceso a una información oportuna que permitiera la participación del mayor número posible de oferentes. La obligatoriedad de publicar las convocatorias se realiza a partir de septiembre de 2012 con la emisión del Decreto No.543-12”. Los señalamientos de la Dirección de Compras y Contrataciones ocurren cuando el exdirector de la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA), Manuel Rivas, ha defendido que accionó dentro del marco de la ley. El abogado de Rivas, Carlos Salcedo, expresó que “Manuel Rivas hizo lo que le autorizó la Unidad de Auditoria Interna de la Contraloría. Que no quieran desvincularse de una norma que ellos produjeron”, expresó el abogado Rivas.