El Poder Judicial anunció la suspensión de la jueza Patricia Padilla del Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional sin, a la fecha, notificarle a ella ni a la Coordinación de los Juzgados de Instrucción dicha decisión. Ante la falta de la comunicación formal, Padilla continúa ejerciendo sus funciones por disposición del coordinador José Alejandro Vargas.
Ayer, la jueza dio por leída la sentencia mediante la cual declaró inadmisible la recusación que le hiciera el procurador de corte de apelación, Moisés Cordones Rodríguez en el caso seguido a dos personas vinculadas a 500 kilos de cocaína debido a que se venció el plazo para tales fines, y descargó a los imputados porque el Ministerio Público abandonó el tribunal sin presentar la acusación formal. En la audiencia del 30 de agosto, el Ministerio Público solicitó el aplazamiento de la audiencia porque los imputados no habían sido trasladados, ese requerimiento no fue acogido, sino que la jueza le explicó que lo que haría es mandar a preguntar si trasladarían o no a los imputados, ya que en la audiencia anterior se esperó una hora para que llegaran los representantes de la Procuraduría Especializada en Lavado de Activos, pero no llegaron y se suspendió la vista.
“Ya no hay pasajeros, esta ruta prácticamente se cayó”, es la queja y secuencia nostálgica que de manera expresan choferes que cubren la ruta desde la San Vicente de hasta el kilómetro 9 de la Autopista Duarte
Expresaron su sentir en torno a la puesta en marcha de la Línea 2B del Metro de Santo Domingo, lo que ha provocado que sus ingresos diarios se hayan caido. Por esto es que instan a las autoridades competentes a adoptar medidas ante este problema. De acuerdo con José Manuel de la Rosa, un conductor de la Zona Oriental que lleva 15 años en esa ruta, dice que antes de que esas cuatro estaciones estuvieran vigentes, producía alrededor de tres mil pesos diario y que ahora, en cambio, solo el oficio cada día le genera 1,500 pesos, a lo que debe restarle el gasto en gas licuado de petróleo y otros egresos. Pondera que esa situación está afectando la economía familiar de aquellos que trabajan esos tramos, pues afirma que cada galón de gas está a 123 pesos y que sus ingresos son míseros para poder costear todo lo que conlleva su trabajo y sus demandas individuales.
Un joven se lanza de una motocicleta cuando era llevado por agentes de la Policía Nacional a un destacamento de Santiago.
A través de un vídeo enviado a esta redacción se puede observar con uno de los agentes sube al individuo en la motocicleta casi a la fuerza, y luego este se lanza cayendo boca abajo sobre una sanja. Decenas de comunitarios al ver lo sucedido interfirieron para que los policías le retiraran las esposas, pero el hombre de inmediato agredió a los policías lanzándole piedras.
La ley 8-95 es clara: Los agentes de salud, instituciones o dependencias de servicios de atención de salud y su personal deberán estimular y proteger la lactancia natural y en su artículo 9 prohíbe tácitamente la visita de propagandistas o personas vinculadas a las empresas fabricantes de fórmulas infantiles en los centros de salud.
Sin embargo, la legislación que declara como prioridad nacional la “Promoción y Fomento de la Lactancia Materna” es violada de manera flagrante por parte de médicos, enfermeras y demás personal sanitario en clínicas y hospitales del país que promueven la leche de fórmula por encima de la materna. Así quedó evidenciado en el Monitoreo realizado en el periodo julio -septiembre del año 2017 por la Comisión Nacional de Lactancia Materna y otras dependencias del Ministerio de Salud Pública, con la coordinación técnica de la Red Internacional de Grupos Pro Alimentación Infantil (IBFAN) y la cooperación de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), el cual concluye lo que es un secreto a voces: “Es innegable que las compañías están utilizando al personal de salud para llegar a las madres”.