La Defensora del Pueblo, Zoila Martínez Guante, emplazó a la empresa Falcondo buscar una solución inmediata y definitiva al derrame de combustible en la comunidad Valle Encantado de Haina.
Martínez Guante encabezó una sesión de trabajo con miras a gestionar una solución definitiva a la situación. La mesa de trabajo estuvo integrada por representantes de diversas instituciones, entre ellas el Ministerio de Salud Pública, Medio Ambiente y Recursos Naturales; Energía y Minas y la compañía Falconbridge Dominicana (Falcondo), entre otros, quienes trataron el actual estado ambiental de esta zona producto de los constantes derrames de combustibles acaecidos en esta comunidad.
República Dominicana registra el precio más alto de la gasolina en Centroamérica. La premium cuesta en el país RD$220.30 por galón, que llevado a una cotización de RD$47.72 por dólar, se traduce en US$4.6, seguido de Costa Rica con US$3.93 por galón, Honduras con US$3.82, Guatemala la vende US$3.82, El Salvador a US$3.34 y Nicaragua a US$3.76.
En cuanto a la regular, en RD se vende a US$4.31 el galón, mientras Costa Rica lo tiene a US$3.76, Nicaragua a US$3.68, Honduras a US$3.47, Guatemala a US$3.25 y El Salvador a US$3.07. En el último mes la gasolina premium ha acumulado un alza de RD$10.5 y la regular de RD$10. El viernes pasado el gobierno anunció una rebaja de RD$1.50 a la premium y de RD$2.00 a la regular.
En la nueva ley 63-17, sobre Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial fue estrenada en el país con la medida de coerción que un juez del juzgado de Paz y Asuntos Municipales de Santo Domingo Norte le impuso a uno de los dos jóvenes involucrados en el hecho en que murió la menor Kimberly Adón, y a quien se envió a prisión por tres meses para ser cumplidos en la cárcel de La Victoria.
El Ministerio Público acusó al conductor del vehículo, Francisco Emilio Abreu Villar, de la presunta violación de los artículos 210, 220, 299, 300, 301, 302 y 303 de la nueva ley tránsito. El artículo 301 establece que las infracciones de tránsito que produzcan daños, conllevarán penas privativas de libertad, mientras el 302 dice que cuando se provoque la muerte o lesiones, los conductores o en este caso el conductor que sean determinados penalmente responsables de un accidente y que ocasione daños o la muerte, serán castigados, conforme a las disposiciones del Código Penal. Esta nueva legislación va más lejos, al establecer las infracciones con agravantes en un accidente de tránsito cuando los daños provocados son, entre otras, por conducir bajo los efectos del alcohol o drogas, exceso de velocidad, uso de celular, violación de la luz roja del semáforo, competencias de vehículos de motor en las vías públicas, así como la ausencia de la revisión técnica vehicular. Son estas violaciones a la nueva ley de tránsito las que sirvieron de fundamento a la fiscal de la provincia Santo Domingo para solicitar a un juez de tránsito el arresto de Abreu Villar, conductor del vehículo en el que viajaban los cuatro jóvenes la noche desafortunada para Kimberly y sus familiares. Los familiares de la joven Kimberly y su abogado aceptaron, al darlos como buenos y válidos, los resultados de la autopsia del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF), que revela que esta murió por un accidente de tránsito y no por violación y posterior asesinato.
Ante la falta de actuación del Ministerio Público sobre la denuncia penal que solicita la investigación y posterior acusación del posible financiamiento ilícito de Odebrecht a campañas electorales en República Dominicana, en 2012 y 2016, las organizaciones Centro Juan Vigesimo Tercero, Participación Ciudadana, Fundación MASADA y Santiago Somos Todos depositaron una reiteración formal a la denuncia penal y añadieron nuevos elementos de prueba. Asimismo, se adhirió el Centro Juan Montalvo a las organizaciones firmantes.
A cuatro meses de haber recibido la denuncia, la Procuraduría General de la República no ha avanzado con las investigaciones correspondientes, a pesar de «la gravedad de los ilícitos denunciados; la referencia de elementos probatorios fehacientes y concordantes; la inequívoca relación de los elementos anteriores con la normativa punitiva aplicable”, sostiene el documento. A los fines de robustecer la denuncia original, las organizaciones añadieron nuevos elementos de prueba relacionados a acontecimientos que ocurrieron posterior a su entrega el pasado 2 de mayo. Entre estos, las declaraciones de Juan Temístocles Montás, miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), quien admitió en un comunicado publicado en espacio pagado, que recibió aportes para tres campañas políticas de su partido por parte de Ángel Rondón, representante comercial en la República Dominicana de la empresa Odebrecht, durante los años 2008, 2012 y 2016.
Adquirir municiones para armas de fuego en muchos lugares en República Dominicana es tan sencillo como comprar una libra de arroz o un martillo en una ferretería. Aunque parezca increíble se ofertan sin que se solicite al comprador ningún documento.
La venta sin el control requerido no es exclusiva de establecimientos comerciales de Santo Domingo. Es común que eso ocurra en otros pueblos de la geografía nacional. Se venden balas para revólveres y armas de calibres diversos en ferreterías, en tiendas de repuestos para vehículos y en negocios de otra naturaleza. Un periodico local así lo ha comprobado. Lo ha hecho, a propósito de informaciones recibidas de personas preocupadas por la cuestión. “No es posible que tú llegues, por ejemplo, a una ferretería le preguntes que si tienen balas para una pistola 9 milímetros y solo te pregunten cuántas quieres, sin interesarse siquiera en saber si tú tienes licencia o si eres un delincuente que te estás supliendo para poder salir a robar o a matar”, advirtió una de las personas que habló con este diario bajo la promesa de reserva de su nombre.