Al raíz de que muchos ciudadanos se han quejado del proceso de pago de multas, ya que estas no desaparecen inmediatamente del sistema cuando son pagadas, el director de la Autoridad Metropolitana de Transporte (AMET), General Frener Bello Arias informó que ese problema estará resuelto en un tiempo récord.
La AMET celebró hoy sus 20 años de labor, resaltando como uno de sus mayores logros el reconocimiento que la institución ha tenido de la sociedad, y proponiéndose como meta principal reducir a la mínima expresión las muertes por accidentes de tránsito antes del 2020. En relación a la fusión que ha tenido la AMET con la Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT), Frener Bello aseguró que el proceso se ha dado en completa paz y coordinación.
El ministro de Industria y Comercio, Nelson Toca Simó garantizó al país que ese organismo no autorizará ninguna medida que pueda poner en peligro la seguridad de los ciudadanos en cuanto al manejo de combustibles.
Toca Simó hizo la afirmación al ser entrevistado en torno a la pretensión de grupos asociaciones en estaciones de combustibles, para que se les permita vender gas licuado de petróleo en sus instalaciones. El funcionario sostuvo que las actuales regulaciones fijadas por un decreto presidencial y consagradas en resoluciones vigentes, establecen un esquema separado para la venta de gasoil, gasolina y GLP. El ministerio de Industria y Comercio admitió que esa entidad, como ente regular en el área de expendio de combustibles evalúa evalúa distintas posiciones sobre el tema, pero siempre sobre la base de no exponer a la población a ningún nivel de riesgo.
Cansados de esperar el restablecimiento de los servicios de energía electrica, agua potable y telecable, moradores en sectores populares y comunidades de Puerto Plata, llevan más de tres días realizando protestas que han obstaculizado el tránsito.
Se informó que las protestas por la falta de energía electrica se iniciaron desde el pasado viernes en los sectores Nuevo Renacer (Aguas Negras), El Javillar, Residencial Florida, Las Mercedes, San Marcos, ensanche Dubeau (Los Callejones), Cristo Rey, Mirador Sur y el ensanche Luperón. Asimismo, en la comunidad Las Avispas del distrito municipal de Maimón, los residentes en dicha localidad bloquearon con neumáticos incendiados, piedras y troncos de árboles la carretera Puerto Plata-Navarrete. Las protestas por la falta de energía electrica también se extendieron al distrito municipal de Cabarete, específicamente en el sector El Callejón de la Loma donde un contingente de miembros de la Policía Nacional dispersó a tiros y con bombas lacrimógenas a los manifestantes, resultando un adolescente herido de perdigones en la pierna derecha.
Ante el aumento registrado en los precios de los combustibles las últimas semanas, transportistas informaron que se verán obligados aumentar los pasajes en rutas urbanas e interurbanas.
Antonio Marte, Presidente de la Central Nacional de Organizaciones del Transporte, aseguró que el sector se encuentra de brazos cruzados por los constantes incrementos de los carburantes que considera injustificados. Aunque explica que el tema será objeto de una reunión considera que no les quedará otro camino que transferirles el alza a los pasajeros. Es la misma posición que tienen choferes del transporte público, aunque reconocen que la medida afectaría a la población, que tiene que enfrentar el aumento del costo de la vida sin que sus ingresos se reajusten en la misma proporción. Los conductores alegan además, que en las últimas semanas también se han disparado los precios de los repuestos de vehículos.
El juez de la Instrucción Especial, Francisco Ortega, justificó ayer su retractación de la medida de coerción consistente en prisión preventiva, que dictó en junio pasado contra Víctor Díaz Rúa y Angel Rondón, imputados en el caso Odebrecht, afirmando que el Ministerio Público (MP) todavía no tiene “un caso definitivo”; que las medidas de coerción fueron concebidas dentro del “cariz” progresivo del proceso, y que las mismas se pueden atenuar o agravar, según las circunstancias de la investigación.
Recordó en la resolución de su sentencia que en el caso Odebrecht al MP le fue autorizada una investigación de ocho meses, por lo que consideró que “no es lógico ni razonable establecer en esta fase si ha lugar o no para la acusación”, ya que la naturaleza, características y términos de las medidas de coerción responden a una etapa procesal específica, y no determinan que exista una acusación definitiva ni una condena o un descargo irreductibles. Aclaró que la existencia o no de un caso definitivo o de una investigación con suficientes méritos para justificar un juicio de fondo, no se determina ni se puede determinar “lógica, razonable y seriamente”, antes de la audiencia preliminar, que es la fase intermedia entre el inicio de la investigación y el juicio de fondo.