¿Sabias que para ofertar servicio de transporte público, los choferes de carros requieren de entre RD$10,000 y RD$300,000 para “poder alquilar o comprar” una de las rutas que, en la práctica, son controladas por los denominados sindicatos, conforme al estudio sobre el sector difundido por la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (ProCompetencia)?
“En el caso de las guaguas, el costo de una ruta puede alcanzar hasta RD$1,000,000”, sostiene el organismo. “Estos montos pueden, a partir de las características identificadas entre los choferes en operación, representar una barrera alta y significativa para los agentes que deseen operar en este mercado”. “Tomando en consideración un sobreprecio de un 20%, así como el rango de precios que reportaron los transportistas durante las encuestas, se estima que producto de los acuerdos anticompetitivos, como mínimo, los usuarios han terminado pagando en pasaje de carros públicos, un sobreprecio entre RD$4 hasta RD$9 pesos, conforme el rango de precios entre RD$20-RD$45 que los choferes reportaron que cobraban a los usuarios”, asegura ProCompetencia.
La prohibición de vehículos pesados por el Malecón se inició ayer con dificultades por la poca coordinación y la terquedad de conductores que alegaron desconocimiento de la medida y circularon como de costumbre.
A pesar de que a partir del medio día de ayer los camiones solo podían transitar en dirección Oeste-Este hasta la avenida Abraham Lincoln y subir a la 27 de Febrero o la John F. Kennedy, la mayoría de los vehículos pesados continuó hasta la Máximo Gómez como de costumbre. Un equipo de un periodico local se colocó justo al medio día en la intersección del George Washington con Abraham Lincoln y muy pocos vehículos hicieron el giro anunciado en rueda de prensa la semana pasada. Hasta la 1:15 de la tarde no había ningún agente de la Autoridad Metropolitana del Transporte en el lugar que obligara a los conductores a cumplir con el desvío. El problema se creó al llegar a la Máximo Gómez donde tres agentes de AMET esperaban a los camiones para colocarle multas y desviarlos. Aquí los agentes fueron estrictos y apelaron al anuncio hecho por la Alcaldía y AMET.
Mientras en el vertedero de Duquesa siguen las dificultades para verter desechos sólidos, la empresa Lajún responde al Ministerio de Medio Ambiente por el sometimiento a la justicia de uno de sus ejecutivos, alegando que es “un claro abuso”, y califica las amenazas de “selectivas, desproporcionadas y subjetivas”
En un comunicado, la empresa indica que cualquier inversión extranjera percibiría en las acusaciones un “claro abuso de poder”. “Cualquier acción contra Lajún sería injusta porque su comportamiento no es diferente al de otros vertederos del país. En definitiva se trata de un problema económico que los municipios parece que no tengan la intención de pagar un precio justo para operar”, expresa el comunicado. Insiste en que la empresa no viola ningún contrato y que simplemente tiene ante sí que afrontar un cúmulo de contratos ya expirados. Deploró que otros vertederos como Rafey han tenido incendios y Medio Ambiente no los ha multado. Reitera que sigue estrechando la mano al Gobierno para buscar una solución efectiva, real y técnica basada en u precio justo por la tonelada de basura.